Plaza Cívica

Por: Fernando Núñez de la Garza Evia

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MONTERREY NL 15 DE ENERO DE 2020.-Durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado incansablemente la frase “cambio de régimen”. Tanto el presidente de la República como sus intelectuales orgánicos (muchos especialmente descarados en su apoyo) han insistido en que el presente sexenio no es como cualquier otro, tanto así que tienen la osadía de compararse con la Independencia, la Reforma y la Revolución. Ante esta insistencia cabe preguntarnos, ¿qué es un régimen político, en qué régimen vivíamos y en qué consiste este nuevo?

Como las palabras y sus conceptos importan, empecemos por lo fundamental. Los reconocidos politólogos italianos Norberto Bobbio y Nicola Matteucci, en su Diccionario de política, definen a un régimen como “el conjunto de instituciones que regulan la lucha por el poder y el ejercicio del poder y de los valores que animan la vida de esas instituciones. Los principios monárquico, democrático, socialista, fascista, etc., definen algunos tipos de instituciones y de valores correspondientes… ”. Por otra parte, el celebrado politólogo alemán Dieter Nohlen clasifica a los regímenes políticos en democráticos, autoritarios y totalitarios, clasificación parecida a la de Bobbio. Si durante las últimas décadas en México el esfuerzo colectivo fundamental consistió en la muda de un régimen autoritario a uno democrático, entonces ¿a dónde vamos con el llamdo “cambio de régimen”?

Desafortunadamente no existe una explicación amplia y detallada por parte del presidente. Sin embargo, juzgando por las numerosas políticas que se han anunciado y se están implementando, podemos concluir que lo que viene es efectivamente un cambio de régimen, pero hacia el pasado: de un régimen democrático a uno con tintes autoritarios.

Muchas de las políticas perseguidas tienen como común denominador la excesiva centralización del poder y el subsiguiente debilitamiento de los contrapesos. Por una parte, los contrapesos formales se han ablandando ante la mayoría calificada de Morena y sus aliados en la Cámara de diputados y una absoluta en el Senado, lograda a través de una argucia electoral (candidatearon a morenistas en otros partidos políticos, y una vez ganada la elección, se mudaron a Morena; existe una sobrrerepresentación que viola el espíritu de la Constitución); asimismo, las duras palabras del presidente en contra del Poder Judicial, el apoyo político del presidente de la SCJN hacia AMLO, y la colocación de personas afines en puestos clave exhiben un intento de cooptación. Por otra parte, los poderes informales se han igualmente amansado mediante diversas políticas dirigidas al sector burocrático y los medios de comunicación. Algunos sectores empresariales, así como sindicales, han mantenido una postura crítica, y otros se han tratado de adoptar a los nuevos dictados del presidente. Todo lo anterior inevitablemente nos recuerda al régimen autoritario priista, y un escándalo reciente pareció cristalizar lo anterior.

Después de la inseguridad, el gran lastre de la pasada administración peñanietista fue la corrupción. Después de la inseguridad, la gran promesa de la presente administración lopezobradorista ha sido terminar con la corrupción. Si durante este primer año de gobierno no se han visto reformas sustanciales en la materia pero sí mucho voluntarismo, ese voluntarismo quedó como cascarón vacío ante la defensa y absolución de Manuel Bartlett. Ese personaje, que no ha dejado el sector público desde la década de los setentas, que se hizo famoso con la “caída del sistema” y que representa la ideología del “nacionalismo-revolucionario” priista fue fervorosamente defendido por su antiguo compañero de partido, el presidente de la República. La señal de favoritismo e impunidad que se envía es clara.

El supuesto “cambio de régimen” representa el invento de un hilo negro incomprensible pero con tufo autoritario. Lo que necesitamos es profundizar y perfeccionar el régimen político que tenemos y que tienen todos los países desarrollados, el democrático: con un Estado fuerte capaz de combatir los problemas que más agobian a la población, con contrapesos formales e informales capaces de frenar los excesos del poder, y con representantes que efectivamente representen los intereses de sus representados. Todo lo demás es puro cuento.

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