*. - El llamado de Gallegos Gil y el interés del gobierno

DORA ELENA CORTÉS
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TIJUANA BC 20 DE MARZO DE 2021 (AFN). – Un tema que dejó de lado gran parte de la población, al considerar que se trataba -tan solo- de una “amenaza para intimidar”, ha vuelto a ser tema en las últimas horas entre la sociedad tijuanense, porque se dice que es inminente el acto de expropiación del Club Campestre de Tijuana, tal y como anunció el gobernador Jaime Bonilla Valdez que lo haría.

El gobernador Bonilla sorprendió el 25 de enero de este año, al revelar que su administración analizaba la posibilidad de expropiar las instalaciones de ese Club, que no representar -según dijo- ningún beneficio a la sociedad, y luego informó que giró instrucciones al secretario de gobierno Amador Rodríguez Lozano para analizar la situación, y proceder a la expropiación, ya que consideró necesario “recuperar esos predios para Tijuana”, argumentando que el Campestre no cumple “ningún beneficio social”.

Afirmó que este club privado -para uso exclusivo de la alta sociedad de Tijuana- no estaba pagando de manera correcta el impuesto predial y, señaló que lo mismo ocurrió con el agua potable, lo cual fue detectado al hacer una revisión, además de que se encontró que se estaban reusando aguas negras de la ciudad, sin ningún pago para la paraestatal.

Las revisiones en el Club Campestre de Tijuana iniciaron dentro del marco del enfrentamiento con el ahora presidente municipal -con licencia- Arturo González Cruz, quien ha sido -tres veces- presidente, y que no obstante haberse retirado de la presidencia de ese organismo privado para dirigir Tijuana, seguía manteniendo el control al tener -dentro del Consejo directivo- a personas muy cercanas a él.

Por esta situación, y el enfrentamiento con el ex presidente de la CONCANACO nacional, hubo quienes pasaron que el tema había sido superado, pero quienes conocen al gobernador Jaime Bonilla advierten que, cuando decide algo, no lo deja hasta que lo lleva a su final, por lo que todo hace suponer que su administración siguió adelante con los trabajos tendentes a la expropiación de esta institución.

Por eso, no fue de extrañar que Adrián Roberto Gallegos Gil publicara hace 21 horas (desde el momento en que estamos escribiendo esta columna), un breve pero alarmado “grito de auxilio” de sus seguidores.

En las redes publicó: “Tijuanenses a defender el Club Campestre Tijuana y la propiedad privada”.

Esto confirmó los comentarios que hemos recibido durante los últimos días, en el sentido de que es inminente que el gobierno del Estado anuncie que ha decretado la expropiación de este sitio, ubicado sobre el bulevar Agua Caliente, por razones de utilidad pública, medio ambiente -y otras- además de que, para esta administración, quienes fundaron este Club lo hicieron apropiándose de esas instalaciones.
Según la historia oficial del Club Social y Deportivo Campestre de

Tijuana, este lugar en el que las familias adineradas van a pasar sus momentos de ocio les fue entregado, como contraprestación, recompensa o reconocimiento, por haber “salvado a Tijuana” de la ambición de la ICSA, una empresa que exigía la propiedad -sobre la totalidad de la extensión de Tijuana- señalando que correspondía a sucesores de la familia Argüello, fundadora de esta.
Hubo todo un gran movimiento entonces, y supuestamente, los hombres de dinero de aquellos tiempos cooperaron para que se le entregara una indemnización a esa empresa, y así dijeron por siempre: salvaron a la propia ciudad.

En la misma página oficial del Campestre se indica que, durante el gobierno de Benito Juárez se entregó a Santiago Argüello un terreno rústico de 10,533 hectáreas en el norte la Baja California “para que se poblara” esta, muy lejana región del país, y así se defendiera de algún intento de los Estados Unidos, por apropiarse de estos terrenos.

También señalan que, en 1948, el general Abelardo L. Rodríguez, quien había sido fundador del famoso Casino de Agua Caliente en Tijuana, y luego fue presidente de la república, se reunió con 35 hombres de negocios -en el conocido Frontón Palacio Jai Alai, de la avenida
Revolución, y ahí les propuso la restauración del campo de golf de 18 años hoyos, que había sido parte del complejo de Agua Caliente.

Según señalan, el general Rodríguez les cedió gratuitamente la 70 hectáreas de terrenos, con el único requisito de que se utilizaran solamente para ese fin, y tras llegar a un acuerdo, los socios fundadores aportaron la cantidad $5,000 pesos (de aquel entonces), y empezaron la venta de membresías de la Casa Club, por lo que 1950 ya se pudo inaugurar este lugar que, con el paso del tiempo sufrió restauraciones, y nuevas construcciones.

Luego, recuerdan que algunas personas (que dijeron movidas por una gran ambición y listas para pelear los supuestos derechos de los bienes de la sucesión Argüello”, formaron una empresa llamada Inmuebles Californianos S.A., conocida como la ICSA, para reclamar 10,533 hectáreas de terreno, en donde ya miles de mexicanos habían construido sus hogares y negocios, en la que era conocida como ciudad de Tijuana.

También afirman que estaban peleando los terrenos del Club Campestre, por lo que en el año 1966 el general Rodríguez les pidió “defender ese club” así que un grupo de 15 socios, facilitaron una cantidad de $5,000 pesos cada uno, con lo que se construyó la planta interior para el tratamiento de aguas negras “que sirvió para el riego del campo, y así demostrar el interés que tenían de conservar los terrenos e instalaciones del club”.

Y por esa misma historia se sabe que, no es la primera vez que sus integrantes están a punto de perder estos terrenos, ya que se recuerda que el problema de inseguridad de estas propiedades duró más de 30 años y que, en el período de 1966-1967 el club estuvo en mayor riesgo, por lo que promovieron una organización que defendiera a Tijuana contra las acciones de la ICSA, lo cual se solucionó hasta la administración del presidente Luis Echeverría.

El presidente Echeverría pidió que se llegara a un acuerdo entre el
Club Campestre y la famosa ICSA “para que se deshiciera del juicio”, así es que, este club ofreció pagar 42 millones de pesos, 30 de los cuales tenían ellos en sus arcas, y los 12 restantes los entregó el gobierno federal en calidad de préstamo.

Para pagar ese préstamo -se dice- se decidió vender 48 lotes fraccionados del terreno del Campestre, a lo largo del bulevar Agua Caliente y la avenida Sonora, por lo que ahora podemos ver ahí un desarrollo comercial

Sin embargo, a nivel oficial -y dentro del gobierno del Estado- hay comentarios en el sentido de que la situación no fue de una manera tan romántica como la conocemos, sino que los dueños del dinero en aquel entonces se apropiaron de los mejores terrenos de Tijuana que en ese entonces eran estos y ahí fundaron su exclusivo club.

Y por lo que parece se está trabajando en todo un análisis jurídico para fundamentar la muy posible expropiación que no se ha disipado -como amenaza- y así quedó confirmado al trascender que los directivos del

Club Social y Deportivo de Campestre de Tijuana promovieron un Amparo ante la justicia federal, recibiendo una suspensión temporal a su favor, hasta en tanto se resuelve el fondo de lo demandado.

Ya veremos aquí qué procede y si resulta válida esa acción de juez, considerando que el hecho no ha sido consumado.

*. - El llamado de Gallegos Gil y el interés del gobierno

Adrián Roberto Gallegos Gil -más conocido en esta frontera como El Papaya- ha sido diputado local por el Partido Verde Ecologista de México, en su llamado a la defensa de las instalaciones del Campestre, afirmó en una de sus respuestas (a las preguntas que se le hicieron), que, al parecer, en estos días, el Gobierno del Estado “ha simulado un proceso expropiatorio fastrak e intentará tomar -ilegalmente- las instalaciones del club”.

También, en otras de sus publicaciones, advirtió que: “prevalecerá la razón jurídica y que, perderá la ocurrencia política”.
Sin embargo, el 26 de enero de este año, también se pronunció al respecto el Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, quien advirtió que la expropiación de esos terrenos “será un acto definitivo” y negó que se tratara de una acción arbitraria, ya que afirmó que se hará dentro de los cauces legales establecidos por el derecho mexicano.

El gobernador, al dar la orden para revisar la factibilidad de la expropiación del Campestre, decidió y así lo hizo saber en algunos de sus reportes, que podrían convertir ese sitio en un parque público, con acceso para toda la población

Sobre el tema, igual se manifestó esta noche, el expresidente Nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, quien acompañando una fotografía del gobernador Jaime Bonilla con el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, señaló que: “están fraguando una expropiación ilegal”, y además acusó que el gobernador Jaime Bonilla pretende violar la suspensión judicial que extendió el juez.

El terreno -con los cambios que ha sufrido por la venta de algunos de sus segmentos- se calcula que podría ser de unas 40 a 50 hectáreas.
El exregidor independiente de Tijuana -y abogado empresarial- Roberto Quijano Sosa comentó, cuando se dio el debate en torno al tema, que calculaban que el gobierno Estatal tendría que pagar más de 938 millones de pesos, que en dólares equivale a una indemnización de por lo menos 46 millones de dólares, por lo que consideró: “económicamente inviable que se pudiese expropiar el Club Campestre”. No se sabe aún si esa cantidad puede variar.
Señaló además que, mantener estas áreas verdes les cuesta por año: 86 millones de pesos. Quijano Sosa es también, socio de este club.

ANA Y CONDA. - ¿Ecologista fifí?

PD. - Hoy, tal y como se anunció, se registró como candidata para la gubernatura de Baja California la ex reina de belleza Lupita Jones Garay, quien representa a la coalición Va X Baja California.

PD1.- Como era de esperarse, los representantes de los partidos en esa alianza solicitaron al árbitro electoral que exista transparencia, y que no caigan en presiones del gobierno estatal.

PD2.- Por cierto… ahora no fueron vestidos como Parchís

PD3.- Mañana domingo continúan los registros, y empiezan con el de Carlos Atilano Peña como candidato al gobierno de la entidad, por el Partido Baja California y, posteriormente, la “morenista” Marina del Pilar Ávila.

PD4.- Hoy de nueva cuenta, el gobernador Jaime Bonilla le hizo bullying al empresario casinero Jorge Hank Rhon por una publicidad falsa que le coló en su “mañanera” una seguidora de Juan Manuel Gastélum Buenrostro.

PD5.- Por cierto, escribe igualito que Rubén Ovando quien ya se siente editorialista realizado.

PD6.- Y en esa “mañanera” el gobernador mostró un video en el que el mismo Hank informa de su registro, este lunes, como representante del PES.

PD7.- La cámara restaurantera en Baja California, está llamando a no relajar las medidas de prevención en contra del coronavirus covid-19, ante lo que estima que será una inminente tercera ola de contagios.

PD8.- Y, por cierto, ya hay nueva titular de la COEPRIS en Tijuana, y se trata de Graciela Aguirre, quien ha hecho saber a comerciantes y prestadores de servicios que multarán a todos aquellos que no cumplan con las medidas preventivas en materia de salud.

PD9.- Lo bueno es que ya se anunció la próxima vacunación en Tijuana, para la semana entrante, y aunque esto no será una garantía de total protección, sí le dará un poco más de seguridad a la población.

PD10.- El gobernador Jaime Bonilla dijo esta mañana que fue “Fake News” la información que se dio a conocer, en el sentido de que México establecería restricciones para visitantes -no esenciales- de Estados Unidos hacia México, a través de sus fronteras terrestres.

PD11.- Esto lo comentó porque el delegado federal, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, le aseguró que no había nada en ese sentido, y que él no había informado al respecto, sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores del país lo dio a conocer a través de su Twitter oficial, como ahora informan de todo, y, de la misma oficina de Ruiz Uribe -el pasado 18 de marzo- informaron en este sentido.

PD12.- Inclusive, en su último párrafo del mencionado boletín, el delegado Ruiz Uribe señalaba de manera textual que: “no se consideran como actividades esenciales los viajes con fines recreativos y de turismo”.