*. - El presidente sí está enterado, advierte Bonilla sobre “chocolates”
*.- No permitirán a empresas gaseras que afecten, advirtió Escobedo

DORA ELENA CORTÉS
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TIJUANA BC 10 DE AGOSTO DE 2020 (AFN). - La empresaria y presidenta del patronato Zócalo 11 de Julio, Carolina Aubanel Riedel aseguró: “no somos un grupo de burgueses” como los han calificado desde que se dio a conocer la decisión del gobernador de la entidad Jaime Bonilla Valdez de cancelar el convenio, mediante el cual, en 2008 se les permitió la construcción y manejo del proyecto denominado “Bosque de la Ciudad y/o Zócalo de Tijuana”.

En breve charla con Agencia Fronteriza de Noticias, y para esta columna, Carolina Aubanel, exdirectora de Síntesis Televisión hizo varios comentarios con respecto a lo sucedido con la administración actual, después de haber sostenido este lunes, una reunión con integrantes del Comité Jurídico del Consejo, que determinó elaborar un manifiesto que darán a conocer a la opinión pública en los días siguientes.

En la charla con quien esto escribe, Carolina Aubanel señaló, en primer término, que el Patronato en ningún momento expropió un área que le corresponde a la ciudadanía, ya que el proyecto siempre ha estado a cargo del gobierno de la entidad, según lo suscrito en el convenio, y dijo que la participación de ellos fue tan sólo como colaboración de la sociedad civil para embellecer un área que ya había sido rebasada, desde su construcción en la zona del Río.

También señaló que de los 300 millones de pesos que se comprometió el Gobierno Federal a aplicar al proyecto, faltaron 50 millones, además de que el Patronato a su cargo nunca manejó los recursos, sino que éstos se disponían a través de las dependencias federales del mismo gobierno central -como Hacienda y la secretaría de Obras Públicas- y precisó que a ellos solamente les correspondía vigilar que se dirigieran al pago de las obras realizadas.

Por otra parte, aseguró que siempre fueron fiscalizados y se les sometió a diversas auditorías, en las que se comprobó que se estaba cumpliendo con lo establecido en el convenio, y, por lo tanto, aseguró que tienen todos los documentos necesarios para comprobar su participación en el proyecto.

Por lo que respecta a la participación económica del gobierno de la entidad precisó que ésta se limitó al pago de los sueldos de dos de los directivos del Patronato, y a pagar una cuota a la persona encargada de la contabilidad, sin embargo, señaló que desde mediados de la administración de Francisco Vega de Lamadrid ya no se les entregaron los recursos, y que en la actual tampoco se hizo esto, bajo el argumento de que se suspendieron los apoyos para organizaciones sociales.

Tranquila, la tijuanense refirió que el Patronato 11 de Julio continúa porque esa -dijo- es una figura legal que un grupo de ciudadanos creó para este fin, y que por lo que se refiere al anuncio hecho recientemente por el gobernador de la entidad, eso todavía lo están analizando.

Aubanel Riedel señaló que, pese a que era de su conocimiento que en este gobierno no se apoyarían los esfuerzos del Patronato, sostuvieron una reunión con el gobernador Jaime Bonilla Valdez, que fue en buenos términos, según dijo, en la que los trató bien, además de que los felicitó; y que, en esa reunión, ella misma ofreció retirarse de la presidencia del Patronato -si era necesario- para la continuación del proyecto.

Al abundar sobre el tema, Carolina Aubanel reconoció que se trata de algo delicado que deben analizar muy bien, y que en cuanto se decida -con todos los elementos- lo que se habrá de hacer, entonces estarían informando a los medios de difusión y a la ciudadanía.

Estableció que aquí lo importante no es el Patronato, sino que se respete el construir el proyecto original de la Plaza Cívica, y la vocación que el Gobierno Federal condicionó en el momento de desincorporar ese predio, lo cual ocurrió en 1990. Para esto, afirma que cuentan con todos los documentos que respaldan lo hecho y dicho.

Al referirse a la “etiqueta” que se les ha endilgado, en el sentido de que son un “grupo de burgueses”, Carolina Aubanel lo negó rotundamente, diciendo que en éste participan -por lo menos- 17 instituciones a través de representantes, y varios reconocidos ciudadanos, al margen de que la secretaría de Desarrollo de Tijuana (SDT) les aprobó en su momento el proyecto, el cual ganó premios internacionales -y otros nacionales- como uno recientemente en Pamplona España.

Aseguró que prácticamente el proyecto está concluido en su primera etapa y que le faltan los acabados que corresponden realizar al sector público, según convinieron, además de que señaló que al haberse visto sin los recursos gubernamentales, porque no se les entregaban, tuvieron que recurrir a patrocinadores y eventos públicos, además de otras acciones para que los tijuanenses aceptaran apoyar la terminación de esta obra que sólo pretende embellecer esa zona de la ciudad, que se encuentra entre los dos edificios de gobierno en Tijuana, estableció.

Hizo notar por otra parte, que todos los amparos que se han presentado en contra del proyecto por parte de opositores, los han ganado, lo mismo que sucedió -dijo- con el de la tala de los árboles, cuando se comprobó que no se dejaría a esa zona sin el “pulmón verde” que se estaba exigiendo.

Insistió la empresaria, que el manejo de toda esa primera etapa la tiene el mismo gobierno a través del Instituto de Cultura de Baja California, que son los que pueden disponer y decidir el uso de los espacios, y en respuesta al hecho de la comercialización que según esto se haría en el área, afirmó que solamente sería en el 2% del proyecto, porque en lugares de esa naturaleza “se requiere de tener sitios en los que los asistentes puedan tomar un café, comer algo, o sacar copias, si las necesitan las personas que van a hacer trámites a los edificios de gobierno”.

*. - El presidente sí está enterado, advierte Bonilla sobre “chocolates”

El gobernador Jaime Bonilla aclaró esta mañana, paso por paso, lo que el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador realmente dijo en torno al tema de los autos “chocolate”, después de asegurar que el mandatario sí sabe del tema.

Sucede que la reportera que lo cuestionó al respecto en la “mañanera” le planteó al presidente, la pregunta, señalando que el Gobernador de Baja California habría dicho que él (AMLO) estaría emitiendo un decreto para regularizar los autos chocolate que circulan por la frontera, por lo cual, el mandatario estatal señaló que no ha emitido declaración en ese sentido.

Por su parte, López Obrador dijo que no contaba con una iniciativa de decreto para la regularización de esos vehículos en la frontera, porque -sencillamente- comentó Bonilla a su vez, no se ha resuelto el tema, y esto se hará precisamente por el Ejecutivo federal, cuando las secretarías involucradas lleguen a un acuerdo al respecto. 

También aseguró que, el presidente “está muy bien informado del tema”, y que por eso reconoció que apoya que en algunos estados se realice el registro de estas unidades ilegales -por cuestiones de seguridad- ya que son utilizadas para la comisión de delitos.

El presidente también coincidió en que esto es un tema que deberá atender la secretaría de Economía, porque es de su competencia, y todavía agregó que, se tiene que buscar un acuerdo, ya que esta regularización “no es bien vista por los distribuidores que, se dedican a la venta de vehículos nuevos.

El jefe del Ejecutivo de la Nación reconoció que en el caso de Baja California se ha demostrado que muchos delitos se cometen con estos carros irregulares, por lo que se ha pensado en algunos casos tener un registro “pero hay que ver qué tipo de regularización es la que están proponiendo”.

Y aunque, efectivamente, dijo que él no habrá de emitir ningún decreto para esta regularización, López Obrador agregó que: hasta que la secretaría de Economía lo autorice y lo considere necesario, porque es un tema de seguridad, y hay que tener mucho control”.

En su reporte de la mañana, el gobernador comentó que sobre el tema de la regularización de autos chocolate le presentó al presidente el asunto, y que lo que él (Bonilla) anunció en fechas recientes, es que están trabajando en un decreto que se le va a presentar al Gobierno Federal.

Él reconoce -dijo- que es un tema de seguridad, y que varias secretarías tienen “mano” en esto -como Economía y Hacienda- para luego advertir que la seguridad es el “talón de Aquiles” en este sentido.

La gente y los vivales -dijo Bonilla- que se aprovechan de esto, y ponen en entredicho a los gobiernos, son los que provocan el grave problema que se vive, y recordó que tienen un expediente abierto en contra de los directivos de Anapromex y “similares”, a los que se les han clausurado sus oficinas

Refirió que por esto se han amparado, porque quieren seguir “asaltando” al pueblo, en tanto que el gobierno busca la regularización de los vehículos, a través de un censo, un padrón o registro, y eso -explicó- es lo que se le entregará al presidente.

Bonilla también dijo que no es la primera vez que hablan con la secretaria de Economía con respecto a este pendiente, pero sí externó que a ella le falta involucrarse más en este tema: “imagino -agregó- que tendrá instrucciones sobre esto.

Luego precisó que arriba del 80% de los delitos que se cometen en Baja California tienen como común denominador el uso de los autos “chocolate”, los cuales -como ya se sabe- no pueden ser detectados, ni se les puede dar seguimiento, porque no hay registros de estos.

Después de eso -exclamó- ¡claro que el presidente aún no tiene el tema! Pero pronto lo tendrá firmado por las personas que deben tener esa facultad, refiriéndose a los secretarios involucrados en el mismo.

“Ya veremos si será por un acuerdo o un decreto, pero el presidente conoce muy bien el problema”, reiteró el mandatario estatal.

Luego volvió a comentar -en plan de burla, por lo que esto provoca- que, si quieren, él puede emitir el decreto correspondiente: “pero ya ven que luego no les gusta que lo haga".

PD.- Ahora que publicamos sobre la decisión del exgobernador de la entidad Francisco Vega de Lamadrid, de buscar su inmigración en Estados Unidos, nos enviaron algunos comentarios acerca del abogado migratorio Carlos del Regil quien representa en Tijuana, al estadounidense Rudolph Baker.

PD1.- Nos señalan que Del Regil también está dentro de las listas de funcionarios panistas que son investigados (en este caso por la federación), ya que, en tiempos de Antonio Valladolid como titular del Instituto Nacional de Migración, fungió como coordinador de ese instituto, cuando operaba en el desaparecido “Puente México”.

PD2.- Según los señalamientos, a través de su despacho hacía negocio con aquello de la migración de chinos a Baja California, lo cual, desde entonces, también se aseguró, empezó a ser investigado por el Gobierno Federal.

PD3.- Y en otro tema, tal parece, que continúa el descontento entre los inspectores de la dirección municipal de Vialidad y Transporte, ya que nos siguen enviando comentarios acerca de las medidas y decisiones adoptadas por Juan Gabriel Lemus Torres, quien al final sí quedó como director de la dependencia. Y aunque éste, y el gobierno local han dicho no tener pruebas de lo señalado, sería necesario que se investigue lo que se dice, para tranquilidad de todos.

PD2.- Entre lo que nos relatan, se dice que ha privilegiado la contratación de personas ampliamente ligadas al Partido de Acción Nacional, que incluso trabajaron en la dependencia en años pasados, y ahora han sido colocados en puestos “clave”.

PD3.- Afirman que eso quedó en evidencia cuando, con motivo del tema de la transición hacia el gobierno del Estado, se le pidió un listado del personal operativo dado de alta en la dependencia, y ahí fue cuando salieron a relucir los nombres de las personas ligadas a él, y a las empresas del transporte con las que tiene afinidad.

PD4.- Y no sólo eso, sino que también señalan que hay burócratas, o sea, personal sindicalizado que ha recibido señalamientos de corrupción en el pasado, así como recomendados de las grandes empresas de transporte que han logrado meter empleados como checadores y choferes, para que laboren en esta dependencia.

PD5.- Además dijeron que Gabriel Lemus ha sido renuente en apoyar los trabajos de transición de Vialidad y Transporte municipal hacia el Estado, ya que en días recientes debió asistir a una importante reunión en el IMOS para entregar la dependencia, pero aseguran que no acudió.

PD6.- Según avanza el tiempo y los comentarios o acciones del gobernador parecen favorecer -en algunos momentos- a su secretario de Economía, como luego ocurre con otros de sus cercanos colaboradores; e el “golpeteo político” se acrecienta, para quitarle margen de acción (o por lo menos así estiman sus contrincantes) que pudiese suceder

PD7.- Y es que resulta Interesante ver, cómo -de nueva cuenta- vuelven a surgir las publicaciones, inclusive a nivel nacional, que sin “fuentes” insisten en que tiene denuncias penales y averiguaciones en contra del titular del área de Economía, en el gobierno de Bonilla Valdez.

PD8.- También salen a relucir los pleitos y agarrones entre las gaseras, donde como ustedes saben se mueven enormes intereses, porque tampoco quieren que cambien los escenarios a los que han estado acostumbrados hasta el momento.

PD9.- Y sin “meter las manos al fuego por nadie”, probablemente por eso es por lo que el secretario del ramo, Mario Escobedo volvió a emitir declaraciones al respecto, señalando que Baja California requiere de mayor competencia en el tema de los energéticos, y que es importante para la entidad lograr su soberanía en este ramo.

PD10.- Dijo también que es compromiso del gobernador el permitir la presencia de nuevas inversiones en este sector, para el abasto de gas, gasolina, energía, y otras, para que exista -además- mayor calidad, mejor precio, y mejor servicio para los bajacalifornianos.

PD11.- Por todo lo anterior -advirtió- que mientras se promoverán -por una parte- esas inversiones, considerando que Baja California le representa un gran atractivo para los empresarios, por la otra, tampoco se permitirá la instalación de compañías que representen un riesgo para los bajacalifornianos.

PD12.- Y en el caso del Zócalo 11 de julio, nuestro compañero José Enrique García Sánchez entrevistó esta tarde al abogado José Ángel Peñaflor Barrón, quien manejó la mayor parte de los recursos legales promovidos, para detener esta obra, y éste, entre otras cosas aseveró que, el proyecto “nació muerto”.

PD13.- Dijo además que el patronato debe rendir cuentas, principalmente, sobre el manejo de los recursos federales y estatales que recibieron para el desarrollo de este proyecto, pero ya nos dijo también este día la presidenta del mismo, Carolina Aubanel Riedel, que por ellos no pasó el manejo de un solo centavo, y que eso lo hizo el propio Gobierno Federal a través de sus instancias correspondientes. 

PD14.- Y mientras Peñaflor Barrón ya habla acerca de que en ese sitio se desarrolle un proyecto sustentable, de una arquitecta que mencionó; Carolina Aubanel no lo dijo abiertamente, pero dejó en suspenso la posibilidad de que recurran la decisión del gobierno estatal, en tanto que Jaime Bonilla comentó, en días recientes, que todavía no está autorizado el nuevo proyecto.