DORA ELENA CORTÉS
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TIJUANA BC 1 DE FEBRERO DE 2020 (AFN).- El Instituto de Identificación Vehicular y el censo que de éste se desprenderá han generado nuevas polémicas en Baja California porque mientras unos consideran que es ilegal porque solamente la federación tiene facultades para esto, otros señalan que es necesario para finalmente tener un control de los centenares de miles de vehículos que circulan en la frontera con placas extranjeras, muchas de éstas ni siquiera vigentes pero que son utilizadas, una gran parte con el puro valor mexicano, y otra, amparados con las famosas calcomanías expedidas por organizaciones como Anapromex y Onappafa.
Ayer 31 de enero, el grupo especializado en venta de autos afiliados a la Canaco rechazó esta iniciativa Estatal considerando que resultaría desleal con quienes pagan impuestos, en tanto que el Partido Revolucionario Institucional la calificó de ilegal y electorera.

El tesorero del grupo especializado de comerciantes en autos usados Guillermo Rojas Gómez, aseguró que el gobierno de la entidad pretende legalizar estos vehículos que fueron internados de contrabando al país, lo que significa según ellos “un acto desleal para los casi 100 negocios del ramo” que pagan impuestos federales, estatales y municipales, en tanto que el presidente estatal del PRI, Carlos Jiménez Ruiz aseguró que la administración Estatal no tiene facultades para regularizar los llamados “autos chocolate” debido a que es competencia de la federación, a través de la Secretaría de Hacienda.

El secretario general del gobierno de Baja California Amador Rodríguez Lozano, bajo cuya dependencia estaría el nuevo Instituto de Identidad Vehicular comentó este día con Agencia Fronteriza de Noticias que este Instituto serviría para conocer cuántos vehículos en esas condiciones circulan por las calles y carreteras de Baja California, y quiénes son sus propietarios.

Aseguró que esto no dará pie a un operativo para decomisar estos autos y que tampoco se trata de una medida recaudatoria sino que permitirá que estos propietarios de vehículos puedan circular y llevar sus vehículos a verificar para constatar que no están contaminando.

Pero ¿se trata de una regularización como lo acusa el PRI o una competencia desleal como lo dicen los comerciantes? Eso lo tendrán que explicar a detalle los autores de esta iniciativa y los diputados al momento de revisarla para su aprobación o rechazo, lo mismo de aclarar si se trata -o no- de una medida recaudatoria que ya negó el secretario general de Gobierno, no obstante que en dicha iniciativa se habla de que los poseedores de esos vehículos tendrían que hacer un pago de $1000 pesos, además de que se establecen sanciones pecuniarias para quienes no lo hagan.

Por el momento vamos a lo que nos declaró en reciente entrevista el gobernador de la entidad Jaime Bonilla Valdez, quien reconoció que su gobierno no puede regularizar estas unidades, ya que eso depende de un decreto que debe emitir el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador.

Señaló en esa entrevista que pretendían hacer un censo para saber cuántos vehículos en esas condiciones circulan en la entidad -y quienes los poseen- para tener certeza (sobre todo en materia de seguridad cuando se registre algún acto delictivo o simplemente un accidente de tránsito), porque de todas formas esos vehículos se encuentran en movimiento sin que hasta el momento nadie tenga ningún control sobre los mismos.

Explicó que tampoco se trataba de hacer una batida para afectar a quienes realmente son ciudadanos humildes que requieren de estos vehículos, pero insistió en que deben darse pasos para poder tener un control, que a la fecha no se tiene, en esta materia.

Señaló también estar en espera de que el presidente de la república aborde este tema, reconociendo que tiene otros más graves y de prioridad qué resolver, sin embargo, manifestó su seguridad de que esto no lo dejaría de lado ni lo ignoraría, porque fue parte de las promesas que hizo a la frontera.

Bonilla Valdez recordó que el presidente de la república ofreció dar una mejor Zona Libre a Baja California, y habló de extender los límites para la introducción de artículos provenientes del país del Norte, y que con eso se podría avanzar hacia la importación legal de estas unidades a través de México, lo que resultaría más económico para aquellos que por falta de recursos, no han podido cumplir con estas obligaciones

Lo que sí nos queda claro a nosotros, es que algo definitivo se tiene que hacer en este tema del que tanto nos hemos quejado, sobre todo cuando se ven involucrados en hechos delictivos, por su impacto en el caótico tránsito vehicular, y porque efectivamente no pagan ningún impuesto. 

*.- Lo que la iniciativa dice al respecto

En la iniciativa presentada ante el Congreso del Estado, y cuya copia fue solicitada por AFN, se establece la creación de este Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado como un organismo responsable de la operación y administración para el registro e identificación de los propietarios de vehículos de procedencia extranjera, que no reúnen los requisitos para su alta en el Censo Estatal Vehicular en el Estado de Baja California, como un sistema de control para efectos de cuestiones de seguridad pública y medio ambiente.

Para esto, se dice que entre sus atribuciones tendrá el organizar, operar y administrar los registros que establece la Ley y los que se le asignan en otras disposiciones legales, e integrar y custodiar su acervo documental e informática con respecto a vehículos nuevos y usados, e inclusive como medida en materia de seguridad pública, ya que el Instituto tiene facultad para elaborar el censo vehicular sobre las unidades de procedencia extranjera que no reúnen los requisitos legales, como son aquellos “que circulan bajo el amparo de organizaciones que les tutelan el trámite de importación vehicular y cualquier otro vehículo de procedencia extranjera, y que en su estancia en la entidad se hubiesen introducido al país sin haberse sometido a las formalidades establecidas en la ley aduanera o no acrediten su legal estancia en el país”.

Se dice además en su artículo 19 que el censo que deberá desarrollar ese Instituto se efectúa como medida de seguridad y control sobre el parque vehicular descrito anteriormente, y que esto generará “como mínimo” un costo de $1000 pesos que  la Ley de Ingresos del Estado determinará.

En dicho censo deberán registrarse los vehículos nacionales nuevos, semi-nuevos, usados y fronterizos, o aquellos que como ya se dijo se hubiesen introducido al país sin haberse sometido a las formalidades contempladas en la ley en la materia, además de aquellos que cuenten con permisos provisionales o definitivos de importación, y que circulan en territorio del Estado, para su identificación y control.

Se estima que así como hay personas físicas que tienen vehículos en estas condiciones, también las hay “morales”, o sea empresas, ya que en el artículo 16 se les señala como sujetos de este Instituto y censo, y para poderse registrar, deberán presentar documentos que acrediten la propiedad, y en el caso de las personas morales: una identificación oficial del representante legal y documentación en la que conste la personalidad jurídica de quien comparece, además de presentar el vehículo para su identificación.

Se establece asimismo que el censo tendrá vigencia de un año y que los sujetos obligados de la ley, deberán efectuar ante el Instituto y dentro del plazo de 4 meses -a partir del inicio de sus operaciones- un refrendo de manera anual “a más tardar el último día hábil del mes de enero del año que se trate, para que se expidan los medios de identificación vehicular respectivos”.

El Instituto además publicará mensualmente en el Portal institucional que corresponda, un listado de los vehículos identificados y registrados ante éste, así como aquellos que hayan sido regularizados en términos de la ley de la materia.

En su artículo décimo se aclara que la creación del Instituto representa -conforme a sus atribuciones otorgadas en el proyecto de ley- únicamente una medida de identificación vehicular para el estado de Baja California “por lo cual es importante resaltar –aclaran- que el documento que expida y otorgue dicho instituto no representaría un instrumento oficial con el que se acredite la legal estancia de la unidad vehicular de procedencia extranjera en el Estado, tal y como lo refiere el artículo 146 de la Ley Aduanera.

PD.- Después de “dimes y diretes” entre una y otra parte, ahora se procedió a la clausura de la cervecería “Insurgente”, tras comprobarse que los residuos de levadura utilizadas para la fabricación de su producto lo tiraban al drenaje, según se informó oficialmente, por lo que es necesario que los responsables de esa empresa digan abiertamente si estaban o no operando de manera irregular (como reiteradamente han insistido las autoridades), sobre todo porque un sector de la población los ha apoyado.

PD1.-  Según David Gutiérrez Inzunza, titular de la Unidad contra Riesgos Sanitarios en la zona Costa (COEPRIS) se procedió a la clausura con el apoyo de elementos de la Fiscalía General del Estado, porque estaban “atentando contra la salud pública y ocasionando daños al medio ambiente”. Por esto, indicó que se presentó una denuncia penal.

PD2.- Gutiérrez Inzunza informó sobre una inspección que se realizó en el establecimiento y se concluyó –según dijo- que generaba gases contaminantes a la atmósfera y se hacían descargas directas al drenaje, tanto de la cebada utilizada y demás productos requeridos para la elaboración de cerveza, lo que generó malos olores y obstrucción de las tuberías”.

PD3.- El presidente de la Coparmex Tijuana Roberto Rosas Jiménez circuló ayer un comunicado que establecía la preocupación del Centro Empresarial de Tijuana por recientes declaraciones del diputado presidente del Congreso del Estado Víctor Manuel Morán Hernández, quien según esto dijo que no era necesario revisar a fondo la Ley de Ingresos 2020 para su aprobación.

PD4.- Y es que lo que no gustó a los empresarios, es que decisiones como el incremento de impuestos -y creación de otros- aprobados el 31 de diciembre, sean (en su opinión) “tomadas a la ligera” y al “ahí se va”, sin tener antes el conocimiento de nuevas disposiciones, y las implicaciones que esto conlleva, según dijo

PD5.- En una opinión más severa, Rosas advirtió que “A veces pareciera que nuestros diputados no recuerdan que ellos están ahí para trabajar por y para la ciudadanía, no para obedecer a un lineamiento marcado por el partido al que pertenecen”.

PD6.- Para que vean que no todo es malo ni feo, les comentaremos que este domingo a partir de las 11:30 horas dará inicio en la Torre de Agua Caliente, el Primer Gran Tour de la Ensalada Caesar, elaborada por Armando Villegas, quien en el restaurante del mismo nombre es uno de los herederos de esa tradicional y deliciosa receta; por cierto, recientemente lo tuvimos en AFN en el programa Hablemos de Turismo, conducido por Norma Yolanda Cortés Juárez y Ario Estrada Gaxiola.

PD7.- Y aunque no deseamos este tipo de noticias, habrá que señalar que Baja California está de luto por el sensible fallecimiento de varios menores que integraban un equipo de futbol en Ensenada y al parecer su entrenadora, así como varios lesionados. Nuestro sentido pésame a las familias.