Por: Sonia De Anda
TIJUANA BC 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (AFN).- El Ayuntamiento de Tijuana emplazó a la empresa transportista Altisa, para que en esta semana brinde un informe sobre el estado actual de un proceso judicial que enfrenta a causa de un accidente ocurrido hace tres años, donde siete personas perdieron la vida y otras once resultaron lesionadas, entre ellos un joven estudiante que quedó inmovilizado permanentemente.
Francisco Fraga, director de Transporte de Tijuana, indicó que actualmente se encuentran emplazadas tres empresas transportistas que deberán atender en la semana a citatorios que se les han girado por instrucciones de la Sindicatura Procuradora del 22 Ayuntamiento, entre ellas Altisa, para que informe sobre el estado que guarda en el juzgado el caso que se generó por el accidente de tránsito registrado el 12 de octubre del 2016 en el bulevar García, a la altura del fraccionamiento Ke Casas.
"Estamos solicitando que Altisa presente las pruebas de lo que va a su proceso, y viendo de qué manera se le dan sanciones, si es que se le va a sancionar por el motivo de ese hecho de tránsito", refirió el funcionario, al referir que esta dirección a su cargo es un tercero y no está involucrado en el proceso legal que pueda derivarse de un accidente donde se involucra a una unidad de transporte público y que se turnó a un ministerio público y luego a un juzgado.
El referido accidente involucra a la unidad 290 de Altisa que prestaba servicio de transporte público masivo sin contar con placas de circulación ni seguro vehicular, que chocó de frente contra un camión de personal, donde fallecieron siete personas y recibieron lesiones otros once, entre ellos Brandon Morelos Hernández, un preparatoriano que quedó cuadripléjico y que a la fecha, junto con la mayoría de los afectados, sigue sin recibir indemnización.
Pese a las supuestas irregularidades en que operaba la unidad accidentada, hasta el momento Altisa no ha sido sancionada por el Ayuntamiento, aunque el entonces director de transporte en funciones al momento de ocurrir el accidente, José Luis Hernández Silerio, recientemente fue inhabilitado por un proceso que inició la actual Sindicatura Procuradora derivado de este caso.
En otros temas, Castillo Fraga indicó que el próximo 23 de septiembre sostendrán una audiencia con representantes de la empresa transportista Calfia, para revisar recibos de pago que supuestamente han hecho, por 7 millones de pesos, para la concesión de siete años para operar; además de que también fue emplazada para el mismo propósito la empresa del transporte masivo Azul y Blanco.
