Denuncian penalmente a militares y "pepos"
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Denuncian penalmente a militares y "pepos"

TIJUANA BC - domingo 19 de julio de 2015 - AFN.
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*.- Los acusan de posesión de drogas y asociación delictuosa, entre otros delitos
*.-  Los militares aceptaron que fue falso el “parte” de un caso con detenidos

TIJUANA BC 19 DE JULIO DE 2015 (AFN).- Elementos del Ejército Mexicano y agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) de Baja California, fueron denunciados penalmente por los delitos de abuso de autoridad, tortura, asociación delictuosa, intimidación, allanamiento de morada, lesiones, contra la salud, y otros delitos, incluido el de posesión de drogas, cometidos en contra de un grupo de hombres a los que detuvieron a principios de este mes de julio.

Se trata de los agentes (de la PEP): Raúl Sánchez Rebolledo, Alejandro Horacio Rodríguez Acosta, Manuel Eduardo Martínez Sánchez y Carlos Humberto Pérez Meléndez; y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) los elementos militares: Claudio Vargas Zaragoza, Sergio Alejandro Castellanos Orozco, Arnulfo Encizo Salvador y Juan Jesús Barajas Guerrero.

Los hechos ocurrieron el pasado 3 en el poblado de La Rumorosa, perteneciente al municipio de Tecate, cuando alrededor del mediodía, agentes estatales detuvieron a Miguel Ángel Olea Medina quien paseaba en una motocicleta Yamaha azul, y luego a otros tres, en una ubicación diferente, bajo el argumento de que tenían  en su posesión droga y armas.

Humberto Valdez Ramos, abogado de los mencionados mostró con documentos las contradicciones en las que cayeron durante el juicio los militares involucrados, ya que ante una serie de inconsistencias los citó para declarar, sin embargo los cuatro agentes de la Policía Estatal Preventiva que intervinieron, no se presentaron ante la juez.

Según el defensor de los señalados, los militares -que sí acudieron- señalaron que ellos solamente establecieron vigilancia en los alrededores de los lugares en los que los elementos de la Pep actuaron, y aceptaron que los hechos no ocurrieron como se informaron de manera pública, añadiendo que el “parte” que firmaron era falso.

Ante las acusaciones de los detenidos en el sentido de que fueron torturados por los agentes que intervinieron, los militares refirieron en el juzgado que a ellos no les constaba esta situación porque se encontraban “a 150 metros” de una casa en la que revelaron que los agentes estatales metieron a los detenidos, y que solamente los veían cuando los sacaban con la “cabeza cubierta” por una bolsa y “mojados”.

Por lo anterior, informó el abogado, la juez que llevó el caso decidió dejar en libertad a sus clientes, ya que se comprobó la falsedad de los hechos, en los que inclusive -insistió - se falseó la información, ya que en un principio se dijo que los habían detenido con por lo menos 10 kilos de heroína y finalmente los remitieron diciendo que traían residuos de mariguana o “hachís”.

Por este motivo se presentó una denuncia penal en contra de todos los elementos castrenses y de la Pep que intervinieron, por los mismos delitos que ellos trataron de fincarles, debido a que si dijeron -y exhibieron- que los detenidos “traían droga” y ya quedó al descubierto que esto no es cierto “entonces quienes traían la droga fueron aquellos, y eso ahora lo tienen que explicar”, afirmó el abogado.

Además agregó que si los acusaron de “asociación delictuosa” los que se integraron en una de éstas fueron los policías y militares, para falsear los hechos, ya que los agentes de la Pep -acusó el abogado- aparentemente detuvieron y remitieron a sus clientes porque “estaban queriendo que les entregaran dinero y éstos no lo hicieron”. También señaló que los cuatro agentes de la Policía Estatal Preventiva, forman parte de un grupo de “élite” que depende directamente del Secretario de Seguridad Pública de la entidad, Daniel de la Rosa Anaya.

Las acusaciones y los hechos narrados por Olea

Miguel Ángel Olea Medina -uno de los detenidos- denunció que durante su aprehensión fue torturado mientras los oficiales le preguntaban constantemente en dónde tenía la droga, el dinero y las armas que supuestamente eran de su propiedad, pero que siempre respondió que desconocía a qué se referían y por qué lo detenían.

Aseguró que posteriormente lo llevaron a una casa a la que lo metieron rompiendo una “pluma” con la que se impedía su acceso, y ahí dentro continuaron golpeándolo.

Olea dijo que estando ahí se percató de que también estaban detenidos: Miguel Valencia Mendoza, Pedro Contreras Vázquez y Jesús Valencia Mendoza, en tanto que en las unidades de la PEP estaban en la misma situación: Jorge Luis Leyva Romero y Juan Antonio Martínez Tamayo, nombres que pudo conocer gracias a un “parte” policiaco publicado en medios de difusión, ya que aseguró que no sabía de éstos previamente.

A ellos, dijo, los trasladaron a distintos lugares, como al rancho “El Centenario” y la “Casa de la Alberca”, en donde fueron golpeados, insultados y torturados, con el propósito de que dieran información sobre la supuesta ubicación de drogas y armas.

Luego, bajo la vigilancia de elementos del Ejército Mexicano fueron turnados al Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, en donde finalmente fueron liberados por faltas de pruebas, por lo que ahora dos de los implicados presentaron la denuncia en contra de los agentes.

Con el apoyo en este caso también de la abogada Sandra Esquer Montoya, dijo Humberto Valdez Ramos, los afectados esperan “que se haga justicia”, pues sus nombres fueron exhibidos en la prensa como narcotraficantes cuando en realidad –afirmó- fueron “víctimas de tortura” sin tener relación alguna con personas de grupos criminales.

En el parte informativo con número de oficio TKT-13/15 enviado por la Sedena y la PEP, se informó que el día mencionado, alrededor de las 17:00 horas, agentes estatales tuvieron a la vista una unidad Expedition de color blanco, estacionada a la orilla del camino vecinal “Picachos”.

Ahí, según narraron: "Dos sujetos que se encontraban a bordo del vehículo antes mencionado hacían entrega de un paquete de droga a otro hombre que estaba a bordo de una motocicleta, por lo que los uniformados procedieron a detenerlos y solicitaron apoyo del Ejército Mexicano para procesarlos legalmente".

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