TIJUANA BC 20 DE OCTUBRE DE 2013 (AFN).- La juez federal Rosa Eugenia Gómez Tello, que ha enviado dos diferentes requerimientos a Agencia Fronteriza de Noticias, es la misma juzgadora que dejó en libertad a la mujer que ordenó la ejecución de su hija de apenas nueve años de edad y su marido “líder” de la banda “Los Talibanes”, por considerar que “fueron violados sus derechos fundamentales”.
En un caso en el que abogados alegaron que no se dio un “debido proceso” y que entre otras cosas, policías municipales violaron sus derechos al retenerla durante más de nueve horas, la Juez XIII de Distrito, basó su decisión en argumentos como los que ahora llevan a abogados de otros casos a requerir a AFN para establecer “contradicciones” entre lo que informaron las autoridades y lo que se publicó en la nota de Agencia Fronteriza.
Silvia Patricia Anaya Santa Rosa, como se recordará fue detenida el pasado 18 de abril de este año, acusada de haber ordenado la muerte de su esposo Víctor Manuel García Morales, alias “El Sargento”, principal distribuidor de drogas, ocurrida en la delegación de Playas de Tijuana, sin considerar que también moriría su hija Vianney, quien lo acompañaba en ese momento.
Dijo que ordenó a sicarios que lo mataran, pese a que la niña estaba con él, ya que supuestamente la maltrataba. En esos hechos otro menor que viajaba en el vehículo, salvó la vida, aunque sufrió un fuerte golpe en la boca, al estrellarse la unidad que conducía el ahora occiso, contra un camión de transporte público.
La mujer y los sicarios fueron detenidos por elementos de la policía municipal que también dio a conocer que Anaya Santa Rosa y García Morales utilizaban a su hija para entregar los paquetes de droga que les eran solicitados y que distribuían en zonas como los fraccionamientos Soler, Lomas del Porvenir y Playas de Tijuana, como parte del grupo de “Los Talibanes”.
Además, la mencionada, fue capturada cuando regresó a su hogar para tratar de poner “a salvo” unos paquetes de droga que tenía en su poder, lo cual provocó un retraso en su huida y abonó para que los policías lograran detenerla.
La presunta delincuente además de la droga (cristal), fue encontrada en posesión de armas y dinero, éste último, producto de la venta de estupefacientes.
Volviendo al caso de la juzgadora, Rosa Eugenia Gómez Tello, determinó que la Procuraduría General de Justicia del estado, a través de su Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada, cometió violaciones graves en el proceso en contra de la mujer.
La juez estableció por otra parte que la procuraduría retuvo a la mujer, desde el 17 de abril a las 7:15 de la tarde, en que se les entregó por parte de la policía municipal, hasta las 3:30 de la tarde del día 18 de abril en que la remitieron al Ministerio Público Federal, argumentando en la Causa Penal 88/2013 que no eran de su competencia los delitos relacionados con la posesión de las drogas, las armas y el dinero en efectivo.
Por este motivo, la Juez XIII de Distrito concluyó que a Silvia Patricia le fueron violados sus derechos, lo mismo que afirma que hizo la policía municipal de Tijuana, que tardó nueve horas en presentarla ante el Ministerio Público del Fuero Común.
Al “violarse el debido proceso de la acusada”, según queja de su abogado, Silvia Patricia fue absuelta de los cargos que se le imputaban el jueves 25 de abril del año en curso.
