MÉXICO DF 14 DE AGOSTO (AFN).- Los militares que cometan delitos que afecten a civiles, así sea de manera indirecta, serán sometidos a los tribunales civiles, decidió este día por mayoría de votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Con ocho votos a favor y dos en contra, el pleno de la SCJN decidió también que tres militares que simularon pruebas para culpar a un civil en delitos contra la salud, deben ser procesados por el Juez Séptimo de Distrito en materia penal de Michoacán, pues el ilícito lo cometieron como servidores públicos en el ejercicio de sus funciones en contra de un civil en aquella entidad.
Con este criterio, se dijo, se amplió el concepto de civiles que son afectados en delitos cometidos por los militares en servicio que establece la sentencia de la Corte Interamericana de derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla, como requisito para que el caso sea de competencia de los tribunales civiles. Hasta ahora, eran absorbidos tan sólo por el fuero castrense, por lo que quedaban a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
El caso que los magistrados decidieron este día, corresponde al de tres soldados que fueron acusados de falsear declaraciones y rendir informes igualmente falsos, simulando pruebas para afectar a un civil. Ellos rindieron un parte informativo sobre el decomiso de una camioneta en donde afirmaron haber encontrado tres kilos de droga.
Fue detenido por esto, Jesús Piedra Villalobos, sin embargo, los hechos del parte resultaron falsos, ya que durante la investigación los propietarios interpusieron una denuncia en contra de los militares, demostrando que la droga fue “sembrada” por éstos.
Tanto el juez militar como el juez federal que conocieron del caso declinaron competencia en el asunto, por lo que el tema se llevó a la instancia superior.
La ministra Olga Sánchez Cordero presentó un proyecto planteando que al no afectar bienes jurídicos del área militar, el caso era competencia de un tribunal federal y que al no haberse librado una orden de aprehensión en el caso, el el expediente tendría que remitirse al ministerio público federal.