La CNDH refirió que no participa en los juicios de amparo que dieron paso a la suspensión de la creación de la comisión que investigará el caso.

MÉXICO 5 JUlIO 2018 (SDP Noticias).-  Un Tribunal Federal ordenó la suspensión momentánea de la creación de la Comisión de la Verdad del Caso Iguala, debido a que presuntamente existe una imposibilidad jurídica para cumplir con el fallo que determina la conformación de dicha comisión.

De acuerdo a lo expuesto en el acuerdo, se resolvió la suspensión de la orden "hasta en tanto se resuelva el incidente de imposibilidad de incumplimiento".

El Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito reveló que fue notificado por el magistrado del Segundo Tribunal Unitario de Matamoros, Tamaulipas, que un juez ordenó la notificación de la sentencia a las víctimas indirectas del delito de secuestro y a sus asesores jurídicos.

Debido a que trasciende que la suspensión obedece a que la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos habrían advertido la imposibilidad de crear el organismo, la CNDH emitió un comunicado en el que señaló que contrario a las versiones, no toma parte de los juicios de amparo.

Por lo anterior, destacó, no tiene inferencia en la decisión tomada por el Tribunal Federal, sin embargo se dijo “atenta a participar en el cumplimiento de las Sentencias, con pleno respeto al Estado de Derecho y en el ámbito de su autonomía y de las atribuciones que tiene conferidas, siempre con la determinación de que se conozca la verdad y que se favorezcan al máximo los derechos humanos de las víctimas involucradas en los lamentables hechos del caso Iguala".

Cabe destacar que fue desde el pasado 4 de junio cuando los magistrados ordenaron la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia en el Caso Iguala, tras concluir que presumiblemente algunos acusados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron torturados por el ministerio público federal.

La sentencia indica que la Comisión deberá integrarse por representantes de las víctimas, la CNDH y el Ministerio Público de la Federación, siendo los dos primeros quienes decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar.