CIUDAD DE MEXICO 2 DE MARZO DER 2017 (La Silla Rota).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció a favor de que los delitos cometidos contra periodistas sean conocidos por jueces federales y no locales.
 
Durante la sesión de la Primera Sala de la Corte, los ministros avalaron la propuesta de Arturo Zaldívar en la que consideró que cualquier definición de periodista debe partir del contexto de inseguridad que enfrentan los comunicadores en el ejercicio de su actividad.
 
Los mecanismos de protección de periodistas deben beneficiar a todos los que de alguna manera cumplan con la función de informar a la sociedad.
 
El asunto derivó de una solicitud de amparo de Edwin de la Cruz Canché Pech, periodista freelancede Yucatán, que denunció haber sido víctima de agresiones por parte de autoridades municipales de Seyé, para que el asunto sea resuelto por un juzgado federal, debido que al solicitarlo ante las autoridades penales le fue negado el requerimiento porque no acreditó pertenecer a un medio de comunicación.
 
La sentencia emitida por la Corte determinó que no es necesario que una persona acredite laborar para algún medio de comunicación o tener título profesional de periodista para acceder a estos mecanismos.
 
Con ello, abre las puertas para que a quienes trabajen de manera freelance, sin importar que su trabajo se publique en medios impresos, radio, televisión o portales electrónicos, se les considere como periodistas y puedan acceder al mecanismo de protección.
 
“Los periodistas pueden ejercer sus funciones mediante una gran diversidad de canales de comunicación (privados o públicos, impresos o radioeléctricos, digitales o de imagen) y pueden desempeñar su tarea de manera independiente o asociada y de forma permanente o habitual”, dijo Zaldívar.
 
De la Cruz Canché desempeña regularmente funciones periodísticas, sin menoscabo de que pertenezca o no a un medio de comunicación, revocó la negativa del amparo y ordenó que se obsequie su petición de que los delitos cometidos en su contra por autoridades municipales sean enjuiciados en tribunales federales.