CIUDAD DE MÉXICO 26 DE JUNIO DE 2016 (La Silla Rota).-  La Contraloría General de Nuevo León y Transparencia Gubernamental inhabilitó por 10 años para ocupar cargos públicos a cuatro ex funcionarios de la pasada administración estatal, quienes deberán resarcir al erario 210 millones de pesos.

En un comunicado, se informó que los ex integrantes de la administración 2009-2015 se les atribuye haber otorgado incentivos económicos de manera irregular a la empresa Siderúrgica de Linares.

Nora Elia Cantú Suárez, contralora general, indicó que notificaron las inhabilitaciones correspondientes a Juana Aurora Cavazos, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Patricia Aguirre González, ex directora de la Corporación para el Desarrollo Turístico del Estado.

Asimismo, a Juan Manuel Fernández García, ex director general del Instituto de Vivienda del Estado, y a Sergio Alejandro Alanís Marroquín, ex director general del Instituto de Vivienda del Estado, en la parte final de la administración.

Cantú Suárez refirió que la Contraloría estatal ha dictado 11 resoluciones de inhabilitación en lo que va de la actual administración.

“Estimamos que como resultado de dichos procedimientos, más ex funcionarios de primer nivel podrían ser inhabilitados”, advirtió.

Agregó que para tal efecto, la Contraloría estatal mantiene constante comunicación con los órganos de control interno de las dependencias del estado.

Por otra parte, mencionó que la Unidad Anticorrupción adscrita a la Contraloría, continúa remitiendo denuncias a la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción, por presuntos actos delictivos en los que se han visto involucrados servidores públicos de diversas dependencias.

La contralora estatal señaló que en las últimas dos semanas se han presentado 18 denuncias más a la Subprocuraduría que encabeza Ernesto Canales.