Ciudad de México 20 de marzo de 2015 (lasillarota.com).- Especialistas en materia de rendición de cuentas criticaron a los senadores por incluir, de último momento, en la Ley General de Transparencia un artículo transitorio que les permite postergar sus obligaciones de abrir su propia información a la ciudadanía.

En entrevista con LA SILLA ROTA, el especialista en transparencia de la UNAM, Kerving Puente, y la ex consejera del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), María Marván Laborde, dijeron que es preocupante que el Congreso se haya “exentando” temporalmente de sus responsabilidades en materia de transparencia.

“Preocupa la excepción que (los senadores) hicieron en un artículo transitorio para que el Poder Legislativo exente sus responsabilidades en materia de transparencia, al menos por un tiempo definido”, dijo Puente.

El jueves, el pleno del Senado aprobó la Ley General de Transparencia y en ella incluyeron de último momento un artículo transitorio que dice: para los efectos del cumplimiento de las obligaciones genéricas y específicas a las que se refiere la presente ley, cada cámara del Congreso de la Unión aprobará, a más tardar el 30 de agosto de 2015, un programa de reorganización administrativa que deberá comprender, al menos, las normas y criterios para la homologación programática, presupuestal, contable y organizacional de los grupos parlamentarios”.

El mismo artículo transitorio adelanta que las obligaciones genéricas y específicas que corresponden a las cámaras del Congreso de la Unión se harán efectivas conforme se implementen los programas de reorganización administrativa.

Este punto para el académico de la UNAM, significa que los senadores hicieron una legislación “a modo” para deslindarse de las responsabilidades que si tienen todos los demás sujetos obligados.

“(Con este transitorio) creo que los senadores se están adelantando un poco a la negativa, que es la práctica para negar la información por parte de los grupos parlamentarios”, reiteró.

Kerving Puente atribuyó esta decisión de los legisladores al “desorden” que existe en materia administrativa-financiera al interior de las bancadas, pues no están homologados los mecanismos de gestión del uso de los recursos.

Es decir, cada bancada o coordinador parlamentarios se gasta el dinero público cómo quiere y sin la obligación de comprobarlos, lo que permite que ellos mismos se beneficien de dicha opacidad, pues obtienen favores adicionales a sus dietas.

Por su parte, la ex consejera del IFAI, María Marván, consideró que dicho artículo transitorio fue un exceso y no tiene una razón de existir en esta legislación que fue construida con el acompañamiento de la sociedad civil.

“Me parece verdaderamente indignante (que los legisladores) se están dando este plazo, pues creo que es injustificado”, expuso.

Para la ex comisionada del IFAI no hay algo que justifique este tema, pues el Congreso no está comenzando desde cero en las entrega de este tipo de información pública, pues ya responden solicitudes de información desde hace varios años.

María Marván Laborde consideró que el Congreso está en la posibilidad de entregar cualquier información al siguiente día que sea promulgada dicho ordenamiento legal.

Al igual que Kerving Puente, consideró que ambas cámaras han sido sumamente opacas en la entrega de información administrativa, pues prácticamente es imposible conocer como los grupos parlamentarios se gastan los recursos públicos.
 
Lo bueno de la nueva ley
Ambos especialistas coincidieron en que la Ley General de Transparencia, la cual se turnó a la Cámara de Diputados –en términos generales- es un buen producto legislativo que le dará a la ciudadanía las herramientas necesarias para conocer los gastos de cualquier autoridad.

Explicaron que el nuevo reto será la implementación de la misma, así como la creación de leyes secundarias que deberán acompañar este ordenamiento de transparencia.