Ciudad de México 17 de marzo de 2015 (lasillarota.com).- Después de seis meses de intensas negociaciones entre los tres principales grupos parlamentarios y el gobierno federal, el pleno del Senado de la República finalmente discutirá y aprobará este miércoles la nueva Ley General de Transparencia.
Esta ley -de aprobarse también por la Cámara de Diputados- ampliará el espectro de sujetos obligados (autoridades), es decir, ahora no sólo la Administración Pública Federal deberá transparentar los recursos públicos que recibe y gasta, sino también las entidades federativas, los organismos de Poderes de la Unión, los partidos políticos, sindicatos, así como los fideicomisos, los fondos públicos y las personas físicas o morales que reciben y ejercen el presupuesto federal.
“Se establece que todos los sujetos obligados deberán habilitar los medios, acciones y esfuerzos disponibles para la generación, publicación y entrega de información, garantizando que ésta sea confiable, verificable, comprensible, veraz, oportuna, accesible y atendiendo las necesidades del derecho de acceso a la información de las personas”.
“Además, se dispone que todos los procedimientos deberán sustanciarse de manera sencilla y expedita; resaltando que toda persona tiene derecho de acceso a la información, sin discriminación por motivo alguno, ni estará condicionado a que el solicitante acredite interés de ningún tipo o justifique su utilización; además de señalar que el ejercicio de este derecho será gratuito”, detalla la parte de la iniciativa.
La construcción
La redacción de este documento no fue sencilla, pues se de haber tenido inicialmente el consentimiento de todos los actores involucrados, incluidos los expertos y las organizaciones civiles vinculadas a este tema, se fue complicando la negociación al grado de que el gobierno federal, a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, propuso cambios a más de 80 artículos del contenido de esta propuesta de ley.
Esto generó el descontento de las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y de las organizaciones civiles, quienes acusaron de “injerencia” al consejero Jurídico de Presidencia, Humberto Castillejos.
El 7 de octubre de 2014 se instaló el grupo redactor de esta legislación secundaria, el cual fue integrado por los senadores del PRI, Arely Gómez (hoy Procuradora General de la República; del PAN, Laura Rojas y Marcela Torres; del PRD, Alejandro Encinas, Dolores Padierna, Isidro Pedraza, Angélica de la Peña y Zoé Robledo, y por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Pablo Escudero.
A este grupo redactor se invitó a participar a las organizaciones de la sociedad civil, como México Infórmate, Red por la Rendición de Cuentas y del Colectivo por la Transparencia.
Con la participación de todos, el 2 de diciembre de 2014 se presentó en el pleno del Senado la iniciativa, la cual fue calificada como una propuesta de gran calado.
Con esa etiqueta de gran calado concluyó el año 2014, sin embargo entre enero y febrero de 2015 los acuerdos iniciales se complicaron entre todos los negociadores.
Las organizaciones civiles, como la Red por la Rendición de Cuentas, expusieron que hubo momento de “incertidumbre”, que no se sabía cuál era el destino de esa Iniciativa pese haber sido presentada en una conferencia de prensa y pese a haber producido un consenso explícito y reconocido así por quienes han venido conduciendo este proceso.
“Repentinamente supimos por los medios de comunicación que había otras entradas, otras observaciones que modificaban de manera sustantiva el proyecto inicialmente presentado por ustedes mismos; celebro mucho su disposición de ánimo, para regresar a este espacio de diálogo, de transparencia, de plena revelación sobre cuáles son las observaciones o incluso las objeciones”, dijo el experto Mauricio Merino en las audiencias públicas que se realizaron en el Senado los días 2 y 3 de marzo.
Incluso, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) dio a conocer un decálogo de temas que le preocupaban y que desde su óptica debían tener un análisis detallado.
El destrabe
En esas audiencias públicas en la Cámara Alta el mismo Mauricio Merino dio a conocer que fueron convocados por el consejero Jurídico de la Presidencia, en las oficinas del Jefe de la Oficina de la Presidencia, de Aurelio Nuño, para conocer las observaciones que se mantenían al proyecto presentado en diciembre.
De esa reunión se redujeron de 80 a 12 observaciones al dictamen, lo que destrabó y facilitó las negociaciones entre las principales bancadas representadas en el Senado, lo que derivó en la aprobación en comisiones, el 12 de marzo, de este dictamen el cual se prevé sea aprobado este miércoles en el pleno.
Los temas encorchetados
Hasta el último momento de las negociaciones, el tema sobre la apertura de la información cuando se trate violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad fue unos de los más controversiales.
Sin embargo, el senador Alejandro Encinas explicó que se logró una redacción que no es restrictiva, por lo que el IFAI podrá solicitar la apertura a los sujetos obligados la información que pueda violar dichas garantías individuales.
De no haber cambios a las posturas de los grupos parlamentarios, este miércoles se estaría avalando este dictamen en el pleno del Senado, para que inmediatamente sea enviado a la Cámara de Diputados para su ratificación o modificaciones.
