México DF 19 de febrero de 2015 (La Silla Rota).- La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que encabeza Rosario Robles, encubrió un fraude masivo en la Cruzada Nacional contra el Hambre a través de cinco convenios firmados en 2013 con las universidades Autónoma del Estado de México (UAEM) y de Morelos, y lo que costó al erario no menos de 845 millones de pesos, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La auditoría demuestra que a través de esquemas de subcontrataciones en forma de ‘pirámide invertida’, las universidades pagaron cantidades millonarias para proyectos mal o que no se realizaron y recursos que terminaron en las cuentas bancarias de una empresa ajena a los contratos.

Lo anterior fue posible gracias al pago por adelantado por parte de la Sedesol y a la falta de control, supervisión y seguimiento en la ejecución de las acciones convenidas de la dependencia a cargo de Robles Berlanga.

El 15 de abril de 2013, la Sedesol suscribió un anexo técnico con la UAEM por un monto de 159 millones 850 mil pesos con el objetivo de sensibilizar a 500 mil madres en la alimentación sana, realizar un evento ferial para construir alianzas entre las organizaciones de la sociedad civil y los diferentes niveles de gobierno y promover la Cruzada.

La Sedesol prácticamente firmó un cheque en blanco a la UAEM, ya que no se establecieron las condiciones, términos y especificaciones en el convenio y la institución académica pagó a cuatro proveedores para que realizaran los servicios, sin firmar contrato ni contar con estudio de mercado.

Para integrar a 500 mil madres de 11 distintos estados a la Cruzada, la UAEM planeaba distribuir a cada una de ellas una despensa y entregar 14 mil 500 playeras con el logotipo de la Cruzada, y más de 10 mil gorras en eventos para los que se preveía la compra de 250 mil globos o 450 reproductores de DVD, entre otros.

La adjudicación de 18 millones de pesos recayó en una empresa la cual, a su vez, subcontrató a otra firma, Dumago Systems, para entregar los kits a los coordinadores del programa de red nutricional.

Sin embargo, según la auditoría, estas oficinas apenas recibieron 40 mil de las 500 mil despensas previstas en el programa.

Además la UAEM contrató a tres empresas para diseñar e implementar redes nutricionales.

La ASF presumió entonces un daño al erario por 147 millones 715 mil pesos y subrayó que la Sedesol omitió supervisar, dar seguimiento y vigilar la prestación de los servicios convenidos.

El 2 de enero de 2013, la Sedesol encargó a la UAEM operar el Proyecto de Acompañamiento de la Población de Jornaleros Agrícolas que consistía en instalar 838 ventanillas y asistir a los trabajadores, razón por la que entregó por adelantado 60 millones de pesos.

La UAEM contrató a una empresa para llevar a cabo esa instalación, pero de las 838 ventanillas previstas, aquella empresa sólo instaló 590 y no utilizó la totalidad de estas ventanillas, lo que generó pagos por servicios no utilizados y subutilizados por 13 millones de pesos.

Mientras que en el caso de la Universidad de Morelos, la Sedesol firmó un convenio el 6 de mayo de 2013 por 697 millones de pesos, el cual consistió en abastecer de equipo a los promotores al interior de la ruta denominada Sin hambre.

La Universidad de Morelos subcontrató a su vez a cinco empresas a pesar de que el convenio lo prohibía, una de las cuales resultó ser otra vez Dumago Systems, y presentó posteriormente las facturas a la Sedesol por un servicio que nunca se realizó.

Entre los 396 millones de pesos que costó el abastecimiento de los promotores de la Cruzada destacan las compras de vasos, gorras, porta-credenciales y en paliacates.

Estos artículos, estimó la ASF, no corresponden con los objetivos que establece el decreto del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, que son: cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuadas de las personas en pobreza multidimensional.

De las cuatro empresas que ganaron las licitaciones sin contrato, una no declaró sus ganancias del ISR y mintió sobre sus domicilios, mientras que su representante legal era el hermano del representante legal de otra empresa ganadora, la cual tampoco declaró el monto del contrato en su ISR.

Los demás anexos involucraron un contrato de 33 millones de pesos a Dumago Systems por la realización de asesorías que no correspondían con los objetivos del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre; el pago de 239 millones a una empresa con un domicilio falso, la cual transfirió a su vez 160 millones a Esger Servicios y Construcciones, así como un contrato por 29 millones a una tercera empresa, que terminó entregando 26 millones en siete pagos nuevamente a Esger Servicios y Construcciones SA.

De los 993 millones de pesos auditados por la ASF cerca de 845 millones resultaron en un probable daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública.
Con información de Proceso