Las olas de violencia, robos y amenazas son un rompecabezas para la sociedad mexicana, para la cual el costo de la inseguridad y el delito representa 1.3% del Producto Interno Bruto (PIB), afirmó la secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputada Leticia Calderón Ramírez, en el Congreso Nacional de Violencia Familiar, Pobreza y Políticas Públicas, Prospectiva y Estrategia.

 

Un ángulo importante en este mapa de la delincuencia, dijo, es poner fin a la violencia contra niños, jóvenes y adultos mayores, así como defender su integridad.

 

Ante la representante de la UNICEF en México, Alison Sutton, mencionó que las sociedades civiles suplen las deficiencias de los gobiernos en la atención a estos sectores poblacionales, por lo que se requiere establecer políticas públicas basadas en el diálogo con los distintos grupos sociales.

 

La idea es crear una agenda común para diseñar y poner en marcha mecanismos que favorezcan el bienestar infantil y de otros núcleos sociales, a partir de un ambiente familiar saludable.

 

Sutton, directora general de Fundación JUCONI, contó que cifras de la Encuesta Nacional de Dinámica de Relaciones de los Hogares (Inegi) revelan que 50% de las mujeres casadas o unidas ha sufrido algún tipo de violencia a manos de su pareja.

 

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2013 señaló que el costo nacional como consecuencia de la inseguridad y el delito representa 1.3%. Pero, es difícil cuantificar los costos económicos a causa de las lesiones físicas y emocionales que genera la violencia familiar; pero hay elementos para asegurar que son altos en términos de salud, días perdidos en la escuela y trabajo y “en el desgaste de la nación”.

 

La violencia, cuando se da en un entorno de pobreza y exclusión, es un problema que afecta las capacidades psicológicas y físicas, el desempeño escolar y la arquitectura cerebral. El daño de los menores es aún mayor si la experiencia de la agresión es reiterada, señaló.

 

Juan Garay Amores, jefe de la Sección de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea, contó que una de cada tres personas en pobreza no tiene cohesión social justa, es decir, en la regiones pobres no se tiene el mismo acceso a la salud que posee la población con mayores ingresos.

 

“Los problemas de cohesión social se deben a que su contrato social no es del todo fuerte, es decir, que la vinculación de las instituciones y la sociedad civil no está fortalecida."

 

Kaleydoscopio (www.kaleydoscopio.mx)