Firman convenio para proteger derecho a la justicia de personas refugiadas
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Firman convenio para proteger derecho a la justicia de personas refugiadas

Ciudad de México - miércoles 3 de junio de 2026 - AFN.
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Por Alejandro Ramírez

CIUDAD DE MÉXICO CDMX 3 DE JUNIO DE 2026 (AFN).- A fin de dar fortaleza y proteger el acceso efectivo a la justicia de personas refugiadas, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) firmaron una Carta de Entendimiento, para la colaboración institucional en favor de los derechos humanos de estas poblaciones.

Según informaron los organismos, este acuerdo establece mecanismos de cooperación para desarrollar acciones de asesoría y análisis jurídico que contribuyan al ejercicio y garantía de los derechos de las personas con necesidades de protección internacional. 

La firma de esta Carta de Entendimiento refrenda el compromiso del IFDP de acercar la justicia a quienes enfrentan mayores obstáculos para ejercer sus derechos; y el Instituto impulsa estrategias que permitan ampliar la cobertura de sus servicios y responder a las necesidades de grupos históricamente excluidos o en situación de vulnerabilidad.

El representante de ACNUR en México, Mark Manly, dijo que México se ha convertido en país de destino para personas obligadas de huir de sus países por motivos de violencia y violaciones de derechos humanos. 

“Gracias a la asistencia, orientación y representación legal del IFDP, las personas solicitantes de asilo y refugiadas tienen más posibilidades de acceder plenamente a sus derechos fundamentales y, por ende, integrarse en el tejido social e institucional mexicano, ser agentes de cambio y enriquecer a las comunidades de acogida en donde habitan”, señaló.

Esta alianza, según dieron a conocer, se suma a las diversas acciones que el IFDP ha desarrollado para fortalecer el acceso a la justicia de las personas en contexto de movilidad humana, entre ellas brigadas informativas, actividades de capacitación, conferencias y espacios de vinculación con instituciones públicas, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.

“Porque migrar no es un delito y la defensa de los derechos humanos es una responsabilidad compartida”, refirió Mark Manly.

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