Por: Alejandro Ramírez
CIUDAD DE MÉXICO CDMX 1 de JUNIO DE 2026 (AFN).- El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión realizó la declaratoria de validez constitucional de las reformas al Poder Judicial y de la modificación al artículo 41 de la Constitución que incorpora una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención o injerencia extranjera en los procesos electorales.
La declaratoria fue posible luego de que ambas reformas obtuvieron el respaldo de la mayoría de los congresos estatales, requisito establecido en el artículo 135 de la Constitución para modificar el texto constitucional.
La Mesa Directiva instruyó a que ambas reformas fueran enviadas al Diario Oficial de la Federación para su publicación.
En el caso de la reforma al Poder Judicial, los cambios incluyen el aplazamiento de la próxima elección judicial de 2027 a 2028, así como diversas modificaciones relacionadas con la integración y funcionamiento de los órganos jurisdiccionales federales.
También contempla disposiciones sobre la permanencia y posible reelección de magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El voto aprobatorio de 25 congresos locales, fueron de los estados de:
Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.
Por otra parte, la reforma electoral adiciona como causa expresa de nulidad de elecciones la acreditación de actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados de los comicios.
Con ello, el marco constitucional incorpora un nuevo supuesto para invalidar procesos electorales cuando se compruebe la participación de actores extranjeros con impacto en el resultado de una elección.
La presidenta del Senado y de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo Juárez, señaló previamente que ambas reformas habían cumplido con el procedimiento constitucional correspondiente, al obtener el respaldo requerido de las legislaturas estatales.
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