CIUDAD DE MÉXICO 26 SEPTIEMBRE 2018 (La Silla Rota).- Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, se declaró culpable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y asociación delictuosa. A raíz de un juicio abreviado -solicitado por la PGR- el juez sentenció al expriísta a 9 años de prisión, y a pagar una garantía económica de 58 mil 890 pesos.

El exmandatario fue acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) del desvío de mil 650 millones de pesos (recursos públicos) a 4 empresas "fantasma" que dispersaron el dinero en el sistema, durante su gobierno en Veracruz. 

Aunque el pasado 21 de agosto, Martha Estela Ramos Castillo, fiscal federal de la PGR, pidió 25 años de prisión para Duarte, la dependencia terminó por conformarse con la pena de nueve años y el pago de una garantía económica de 58 mil 890 pesos, menos de lo que Duarte cobraba en un mes como gobernador de Veracruz.  

A los nueve años de prisión que Duarte de Ochoa recibió como sentencia, habrán de descontarle 1 año y cinco meses, pues la condena contempla desde el día de su detención el 15 de abril de 2017, en el municipio de Panajachel, en la República de Guatemala. 

El juez también ordenó decomisar a Duarte bienes inmuebles ligados a sus prestanombres ubicados en Cancún, Quintana Roo; Ciudad de México; Valle de Bravo, Estado de México y Boca del Río, en Veracruz.

De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), en su artículo 201, para la emisión de esta sentencia contra Duarte debió existir un acuerdo entre la Fiscalía (PGR), la víctima (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) y el acusado (Duarte).

Según el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), en su artículo 201, para la emisión de esta sentencia debió existir un acuerdo entre la Fiscalía (PGR), la víctima (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) y el acusado (Duarte). Dicho acuerdo, refieren medios nacionales, se habría dado entre los abogados del exgobernador y la PGR desde el 17 de septiembre de este año.

Su abogado, Ricardo Antonio Reyes Sánchez Retana, del despacho Sánchez Reyes Retana & Asociados distribuyó este comunicado.