*.- Lamenta Ramírez Bahena prejuicios de regidor de seguridad pública

TIJUANA, B.C. 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (AFN).- Flexibilizar el respeto a los derechos humanos para obtener resultados en materia de seguridad pública, como sugiere el regidor Luis Pérez Saucedo, presidente de la Comisión de Seguridad Publica del Cabildo de Tijuana, es repetir y reafirmar el cliché de culpar a los derechos humanos por la falta de resultados, afirmó Raúl Ramírez Bahena, Presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste.

El también ex Procurador de los Derechos Humanos de Baja California, dijo a AFN que se incurre en lo mismo cuando se justifica la no aplicación de la campaña que el ejército puso en marcha en Baja California denominada “nosotros si vamos”, para fomentar la denuncia ciudadana en la etapa crítica de 2008 a 2010.

Recordó que la militarización del país bajo el argumento de su necesaria participación para el combate al crimen organizado, ha tenido costos para altos por las violaciones documentadas a los derechos humanos, y advirtió que la administración del Presidente Peña Nieto la profundizó.

En este contexto compartió su preocupación ante al anuncio de que la administración entrante, con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, esté considerando mantener el esquema de militarización por varios años más, y se pronunció a favor de una desmilitarización programada y bajo un plan con fechas concretas y avances en el fortalecimiento de los cuerpos policiacos civiles.

Este plan debe incluir avances puntuales en el fortalecimiento de los derechos laborales y garantías para los policías, quienes a su vez son también objeto de violación y abuso de sus derechos humanos en lo interno,  y en lo público, objeto de un desprecio ciudadano que no reconoce su trabajo.

Ramírez Bahena sostuvo que la cultura de respeto a los derechos humanos no ha avanzado lo suficiente en Baja California, y lamentó que se insista en responsabilizar a estos de la falta de resultados en materia de seguridad pública.

Finalmente confió en que la agenda de derechos humanos no se convierta en “chivo expiatorio” durante la próxima campaña local, donde previsiblemente el tema de la seguridad pública será el número uno en la agenda de los candidatos a gobernador, alcaldes y diputados locales.