MÉXICO, DF 22 DE FEBRERO DE 2012 (AFN).- La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Extinción de Dominio, el cual adopta el modelo colombiano, donde se establece “arrebatar” los bienes y recursos financieros a narcotraficantes, secuestradores y otros delincuentes en el país.
Oscar Arce Paniagua, vice coordinador Jurídico de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), explicó que la reforma será aplicada en los delitos que contempla la Ley Contra la Delincuencia Organizada, como son: narcotráfico, secuestro, trata de personas, y delitos del fuero común como robo de automóviles.
Afirmó que la finalidad es “arrebatar” los bienes a los delincuentes como terrenos, casas, propiedades, empresas, vehículos, recursos financieros, misma que será una herramienta “eficaz” para el gobierno federal para combatir al narcotráfico y a la delincuencia organizada; ya que con esto se dará “un golpe” a sus sistemas financieros.
Arce Paniagua detalló que la reforma persigue bienes y no personas, debido a que atacará al “brazo financiero” de la delincuencia de forma más efectiva, al margen de que los procesos penales contra delincuentes duren meses o años, ya que la extinción de dominio se aplicará de forma inmediata.
Otros detalles
Por su parte, Arturo Zamora Jiménez, diputado federal del PRI, comentó que será sustituido el concepto de “cuerpo del delito” por el “hecho ilícito” con el objetivo de fortalecer el proceso de extinción de dominio que ostenta al crimen organizado, además de disminuir “el poderío” económico.
Aparte, precisó que será incautados los bienes a terceras personas como familias y prestanombres donde no puedan aclarar de dónde obtuvieron dicho predio; y en caso de demostrar que no es producto de una actividad ilícita el juez tendrá que ordenar su devolución.
Finalmente, Pedro Vázquez González, legislador del Partido del Trabajo, dijo que a los delincuentes no les interesa que les apliquen penas más severas y “lo que si les duele y preocupa es que les incauten los bienen que han acumulado”.
La reforma es reglamentaría del articulo 22 constitucional, y aplica las facultades para que el Ministerio Público pueda solicitar medidas cautelares sobre los bienes que estén involucrados en hechos ilícitos o son producto de ello, puntualizó.
