MEXICALI, BC 21 DE FEBRERO DE 2012 (AFN).- Un total de 27 funcionarios y ex funcionarios de gobierno, de los niveles estatal y municipal, de los cuales no se proporcionaron sus nombres, serán citados a explicar el manejo de sus cuentas públicas correspondientes, ante los integrantes de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público de la 20 Legislatura de Baja California.

El diputado local Juan Vargas Rodríguez, quien preside la referida Comisión, informó que se detectaron varias irregularidades, luego de analizar los informes rendidos ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), en 27 dependencias tanto de gobierno estatal como municipal, correspondiente al ejercicio fiscal de 2010.

Por estas presuntas “anomalías”, indicó Vargas Rodríguez, el acuerdo fue aprobado de manera unánime para notificar a los responsables del manejo presupuestal de las entidades gubernamentales para que hagan uso del derecho que les concede la Ley.

Lo anterior, para que los ex titulares acudan voluntariamente a presentar la información con la cual se esclarezca el tipo de irregularidad señalada.

Durante la sesión ordinaria, realizada este martes, el diputado estatal destacó que los funcionarios serán llamados para regularizar dicha situación, quienes dispondrán de 15 días para la solventación complementaria, de acuerdo a la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Baja California.

Aparte, agregó que si los funcionarios no acudieron en el plazo legal, se procederá a emitir el correspondiente dictamen con el rechazo de la cuenta pública en alguna de sus tres modalidades: Ingresos, egresos o patrimonial, según sea el caso, tras de lo cual se procederá en base a lo que determine la Ley en la materia.

En otro tema, el Congreso del Estado emitirá un exhorto al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, para mejorar el control sobre las personas deportadas por las autoridades migratorias de Estados Unidos.

Lo anterior, con el objetivo de diseñar un programa de reinserción social, para evitar que los migrantes incurran en actividades ilícitas; dicho punto de acuerdo fue propuesto por el grupo parlamentario del PRI, PVEM, PEBC y PT.