TIJUANA, BC 21 DE FEBRERO DE 2012 (AFN).- Carlos Flores Vázquez, titular de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (Sidue), comparecerá el próximo jueves a mediodía ante los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda del Congreso de Baja California, por presuntas irregularidades e incumplimiento de obra del Corredor 2000.

En la magna obra que inició hace aproximadamente 12 años, hasta la fecha no se ha cumplido con el seguimiento que planteó el Gobierno del Estado en relación a la construcción de cinco puentes peatonales, de los cuales aún faltan tres que conectarían las vialidades que atraviesan dicha vialidad y acciones de reforestación, alumbrado público y garantizar la buena calidad en la loza de concreto.

Roxana Soto Agüero, legisladora de la 20 Legislatura y miembro de la citada Comisión, señaló que de acuerdo a la planificación que se tenía del proyecto original del plan maestro del Corredor 2000, se contempló terminar en un lapso cercano a los diez años; sin embargo, ya está a punto de concluir la administración que siguió a la que inició la citada obra y aún no se concretan esos pendientes.

A pesar de que la construcción inició durante el mandato del ex gobernador Eugenio Elorduy Walther, la responsabilidad de la actual administración se debe a que en el año 2008, el gobierno de José Guadalupe Osuna Millán aceptó la obra, a través de un decreto y sin que estuviera terminada, afirmó Agüero Soto.

En dicho decreto, expuso la legisladora priista, se establece que el Gobierno del Estado recibió la obra ya con el alumbrado público, áreas de forestación, las vialidades para enlazar las colonias y los carriles vehiculares.

El Congreso de Baja California exigió una revisión a los conceptos y a la cuenta del Fideicomiso que se creó para costear el proyecto, con el fin de determinar si se incurrió en algún delito.

Además de los conceptos que no se concretaron, según la diputada estatal, notaron que "los proveedores o contratistas, en diferentes momentos de la obra son repetitivos”.

En caso de detectar y comprobar los supuestos actos irregulares, se buscará fincar responsabilidades tanto para funcionarios de la pasada administración y de la actual, así como con las empresas constructoras, dijo, sanciones que podrían ser administrativas o incluso penales.