MÉXICO, DF 25 DE NOVIEMBRE DE 2011 (AFN).- La Secretaría de Gobernación (Segob), a cargo de Alejandro Poiré Romero, dio a conocer en un comunicado que las Fuerzas Armadas participan en tareas de seguridad pública, a petición y en coordinación con los Estados y municipios, "de manera temporal y sin sustituir a las autoridades locales en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades", para el combate al crimen organizado.

Para ello, se indicó, se realizan acciones para lograr detener a "importantes líderes de organizaciones criminales, y desmantelando sus estructuras logísticas, financieras y administrativas".

En dicho comunicado, la Segob, por conducto de su Dirección General de Comunicación Social, expuso otros puntos de vista sobre temas de interés nacional e internacional.

Aunque en dicho escrito no se especifica, las aclaraciones se deben principalmente a recientes señalamientos y denuncias contra el Gobierno Federal en una corte internacional por la política institucional de combatir al crimen organizado, el narcotráfico y otras acciones delictivas.

En lo primer punto de la lista se especifica que el Gobierno Federal niega que exista un conflicto armado no internacional de carácter permanente.

"Es convicción del Gobierno de la República que no se actualizan los supuestos establecidos en el Estatuto de Roma para que la Corte Penal Internacional (CPI) inicie una investigación sobre la situación en México, ya que la política de seguridad implementada de ninguna manera constituye un crimen internacional; por el contrario, todas sus acciones están encaminadas a detener a las organizaciones criminales y a proteger a todas y todos sus ciudadanos", se indica en dicho primer tema.

En el segundo apartado se especifica el caso del apoyo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública en las entidades.

En el tercero, se expone que en el País se implementó una política pública tendiente a fortalecer el Estado de derecho y a promover y respetar los derechos humanos.

Prueba de ello son las reformas al sistema de justicia penal y su proceso de implementación, las nuevas leyes de refugiados y de migración, así como las recientes reformas constitucionales en materia de juicio de amparo y de derechos humanos; y que esta última establece el deber de todas las autoridades a prevenir, investigar, castigar y reparar las violaciones a derechos humanos, se indica en el escrito.

Como cuarto punto, Segob advierte que el Estado Mexicano mantiene una política de apertura al escrutinio internacional y a la cooperación con organismos internacionales de derechos humanos universales y regionales.

Otro tema, el quinto, se refiere a que por medio de los diferentes órganos de procuración de justicia, se realizan acciones para investigar, procesar, y en su caso sancionar a los responsables de cualquier conducta delictiva y o violatoria de los derechos humanos.

"En México no existe una falta de voluntad ni de capacidad operativa para realizar investigaciones de cualquier índole", se advierte en torno a dicho tema.

En el sexto punto de la lista, se indica que "para que se configuren los crímenes de guerra y lesa humanidad que son competencia de la Corte Penal Internacional, se requiere de la existencia de un contexto específico que no tiene lugar en el país".

"El Estado mexicano no está en guerra y (...) no existe un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, ni una política de gobierno en este sentido", se aclara en el escrito de Segob.