TIJUANA, BC 25 DE NOVIEMBRE DE 2011(AFN).- El secretario general de Gobierno de Baja California, Cuauhtémoc Cardona Benavides, respondió a las denuncias que se formularon ante la Agencia Fronteriza de Noticias, sobre la presunta venta de enervantes y acciones de narcotráfico en el interior de las penitenciarias estatales, específicamente del penal de La Mesa.

Cuestionado con respecto al ilegal comercio, lo cual publicó este viernes Agencia Fronteriza de Noticias (AFN) sobre el ingreso de drogas por diversas vías, y el caso de un interno que denunció que lo obligaban a tal venta; lo que ya es del conocimiento del subsecretario del sistema penitenciario estatal, Jesús Héctor Grijalva Tapia; Cardona Benavides dijo no tener conocimiento de los hechos.

Sin embargo, aseguró que tomará las medidas correspondientes en el caso para corroborar la situación del interno, quien denunció ser víctima de golpes por negarse a seguir en este irregular comercio, al grado de ser hospitalizado.

Aunque no confirmó  que este tipo de actividades ilícitas se lleven a cabo en los penales, como también lo aceptó Grijalba ante los abogados tijuanenses al decirles que "no hay penitenciaría libre de drogas", el secretario de gobierno afirmó que el gobierno estatal no está de acuerdo con tales prácticas, por lo que investigarán las acusaciones dadas a conocer hoy por AFN.

Reforma de Ley no lleva interés político

Aparte, el secretario aseguró que no tiene ningún “interés partidista” la iniciativa de Ley del Servicio Civil que presentó el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán.
Cardona Benavidez dijo, entrevistado este viernes durante una reunión con los miembros de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade), que dicha reforma de ley no pretende generar polémica política, sino crear mecanismos de orden en relación al otorgamiento de plazas a los trabajadores.

Por el contrario, dijo, es reprobable que los trabajadores sindicalizados presionen mediante el condicionamiento de votos para manifestar su desacuerdo en contra de la iniciativa planteada por el mandatario estatal, ya que “los acuerdos se llegan por el uso de la razón y el diálogo, no por presión de votos”.

Señaló además que en dicha reforma ninguno de los derechos constitucionales que tienen los trabajadores se ven afectados, pues sólo se tiene contemplado realizar cambios en la operatividad.

El desacuerdo entre los burócratas y el Gobierno del Estado se debe a los cambios que el Gobernador plantea realizar en la ley, mientras que los dirigentes sindicales argumentan que con las reformas sus derechos se ven violentados.

Por eso, las protestas

Esto ha provocado acciones como son los plantones en eventos oficiales, como el ocurrido el pasado 22 de noviembre, cuando centenares de burócratas irrumpieron en el Palacio Jai Alai durante el informe de gobierno del alcalde Carlos Bustamante de la ciudad, para protestar por las reformas a las modificaciones de la Ley del Servicio Civil que promovió el gobernador de la entidad.  

Lo mismo decidieron hacer ante cada uno de los alcaldes de la entidad por considerar que tienen parte de responsabilidad al haber aprobado la propuesta del Ejecutivo estatal.

En el acto, los empleados sindicalizados gritaron consignas en contra de las autoridades estatales y municipales, a quienes exigen que intervengan para frenar estas reformas, que según afirmaron, vulneran sus conquistas sindicales logradas durante una lucha de varios años.

En el inmueble estaban como invitados de honor el gobernador del estado, José Guadalupe Osuna Millán, además de otras autoridades civiles y militares.