Por Gabriela Martínez

TIJUANA, BC 25 DE NOVIEMBRE DE 2011 (AFN).- Un recluso de la Penitenciaría de La Mesa asegura que es obligado a vender droga en el interior del penal; tras denunciar los hechos vinieron las represalias, pues fue golpeado por otros internos y por custodios, además de ser aislado para no recibir visitas.

Lo anterior fue revelado durante una entrevista con el abogado defensor del interno.  
La situación que vive el recluso y denunciante no es un caso aislado, es una situación que se vive diariamente en las entrañas de los penales bajo la complicidad de las autoridades que así lo permiten, a pesar de tener conocimiento de los hechos, afirma el litigante.

Rigoberto Nava, defensor legal del interno, de quien prefirió no decir nombre ni apellidos para su protección, narró ante Agencia Fronteriza de Noticias (AFN) cómo en una de las entrevistas que tuvo con su defendido éste le reveló que lo obligaban otros internos a vender droga, siempre bajo amenazas y con la complicidad de personal de custodia de la prisión.

El interno llegó hace algunos años al reclusorio por delitos contra la salud; en su caso no es la primera vez que pisa el suelo del penal en La Mesa, aunque sí la primera ocasión en que se le obliga a vender droga y es víctima de golpizas y malos tratos de esta magnitud, según refirió su abogado.

Al reingresar a la cárcel de mediana seguridad, un custodio le pidió entregar las sustancias ilícitas, y a su decir fue el temor el motivo principal para acceder, pues su caso no es el único y haberse negado significaría no sólo sufrir brutales golpizas sino incluso la posibilidad de perder la vida.

No obstante, tiempo después de seguir con las actividades decidió notificar de los hechos a su abogado, quien posteriormente informó junto con su cliente al jefe de custodios de la penitenciaria.

No pasó más de una semana cuando el reo sufrió las represalias, a consideración de su abogado, por haber hecho tal denuncia: custodios e internos lo aislaron y golpearon al grado de requerir atención médica urgente.

A pesar de que las autoridades se comprometieron a resolver la situación, los golpes y amenazas fueron constantes y vinieron acompañados con una sanción que lo llevó a permanecer aislado poco más de un mes, sin posibilidad de recibir visitas de sus familiares, quienes argumentaron desconocer los motivos del castigo.

Enervantes por todos lados

La venta y tráfico de drogas dentro de las penitenciarias son delitos conocidos por las autoridades; sin embargo, el problema rebasa las facultades y capacidad para crear estrategias de contingencia.
 
El subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, Jesús Héctor Grijalva Tapia, reconoció el pasado 3 de noviembre durante una reunión con integrantes del Colegio de Abogados Constitucionalistas de Tijuana, que “no hay penitenciaria libre de drogas”.  

Ese mismo día, Armando Alcaraz Hernández, integrante del grupo de abogados, denunció ante el funcionario, públicamente, la forma en que ingresa droga al penal de La Mesa, indicando que una de las formas es por la "vía aérea", situación que fue confirmada posteriormente por el funcionario estatal.

Grijalva Tapia aseguró tener conocimiento y manifestó que el lugar donde se llevan a cabo las descargas con droga es conocido como la “Tierra de nadie”, zonas fuera del alcance de reos y personal penitenciario, ubicado detrás del inmueble donde están las celdas.

Tras reconocer lo anterior, Grijalva Tapia señaló que las autoridades buscan contrarrestar el problema e instrumentaron como medida de seguridad instalar rejas y mallas metálicas en la zona para impedir que entren "proyectiles", como son calcetines y latas y otros objetos pequeños rellenos de diversas drogas.

Confirmaciones y denuncias

Personal del área de psicología que trabajaron en el penal, revelaron a AFN que la droga no sólo entra a través del área de revisión, la "Aduana", y por la citada vía aérea; y el hecho de que ingrese por la entrada principal es una situación que pone en duda el trabajo y la responsabilidad de las propias autoridades.

Uno de los entrevistados, quien pidió omitir su nombre, refirió a AFN cómo fue testigo de distintas irregularidades que ocurrieron durante su estancia como trabajador, recuerda que una ocasión y a plena luz del día, en la zona de psicología a un costado del edificio número 5, atestiguó cómo desde afuera del penal arrojaron una botella que en su interior contenía la droga conocida como mariguana.  

Según su narración, minutos después de caer el objeto, un interno se disponía a recogerlo, pero las autoridades fueron alertadas y llegaron antes, tras lo que detuvieron a quienes se encontraban en la zona donde cayó la droga.

En este sentido, indicó que en algunas ocasiones los mismos internos le manifestaban cómo los mandos están coludidos en el tráfico e ingreso de diversas drogas, sustancias que no pueden entrar nada mas por la aduana.

Explicó que existen distintas maneras de operar y organizar los encuentros; y uno de ellos es a través de los teléfonos celulares, que a pesar de estar prohibidos, se utilizan como herramientas para informar sobre el lugar y la hora de los envíos.

Asesinatos, extorsiones, golpizas y otros "arreglos"

Además de la golpiza y aislamiento al que fue sometido el interno citado al inicio, quien denunció que era obligado a vender droga en el penal, su abogado confirmó este tipo de prácticas violentas de las cuales dijo ser testigo en varias ocasiones.

También reveló cómo existen otras medidas que se emplean con el fin de realizar los cobros por adeudos de drogas, y una de ellas es hincar a los internos en las “yardas”, donde se les golpea y “pica” con objetos punzocortantes, y que en ocasiones requieren ser trasladados al área médica donde corren el riego de ser asesinados.

A principios del año 2010, recordó el defensor, un interno que era “jefe de edificios”, fue advertido por los custodios sobre su posible asesinato; al interno le recomendaron que “peseteara”, es decir, que solicitara su cambio a una celda especial como medida de protección.

Éste hizo caso omiso a la advertencia y fue atacado, y aunque no falleció fue trasladado a las yardas, hincado y lesionado en todo el cuerpo en varias ocasiones con objetos filosos.
Su cuerpo fue hallado dentro de la covacha de custodios y posteriormente atendido en el área médica, sin que nunca se encontrara a los responsables.

A decir de un ex trabajador del penal, la intención no siempre es asesinarlos sino también amedrentarlos para conseguir el pago de las deudas generadas por dichas actividades ilícitas.
 
Así como pueden ser sometidos a salvajes palizas, también tienen opción de “elegir" ser golpeados, donde las "reglas" les permiten meter las manos para defenderse.

"Son el tipo de reglas que ellos tienen (...), si de todas formas, si tú ya sabias que debías cierta cantidad de droga, entonces o te metes al centro para que todos te metan una joda”, comentó el entrevistado.

Otra manera de saldar adeudos, agregó, es mediante la extorsión telefónica a los familiares de reclusos que no pagan a los traficantes; el propio interno puede avisar a su familiar o amigo que lo obligan a pagar para que lleve el dinero, pero también cualquiera puede realizar la llamada y exigir el pago a cambio de no hacer daño al reo.

Derechos Humanos: menos de 20 denuncias

A pesar de que las autoridades tienen conocimiento de los hechos, y que tanto familiares, representantes legales y los mismos internos revelan el tráfico y venta de drogas, violencia y violación de los derechos de internos en relación al maltrato físico y otras agresiones, las denuncias en este sentido no rebasan ni los 20 reportes en el Estado.

Víctor Manuel Ruiz Sánchez, segundo visitador general de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) en las penitenciarias de Baja California, explicó que realizan visitas consecutivas a dichos centros con el objetivo de recaudar información y revisar su correcto funcionamiento.
 
En dichas visitas, más que encontrar situaciones como las antes descritas, los problemas detectados tienen más que ver con los servicios que reciben los reclusos, de atención a la salud y otros servicios básicos, refirió el visitador, quien no descartó que existan cifras negras en relación a reportes por agresiones a internos.

En este sentido, explicó que el motivo principal para no realizar la denuncia es el temor de que sus internos puedan verse afectados, y si los reportes llegan a esta Procuraduría, al momento de darle seguimiento es cuando la parte denunciante se rehúsa a seguir.
Esta falta de denuncias es lo que les imposibilita tomar cartas en el asunto, agregó, ya que dar seguimiento legal a una denuncia requiere de una serie de requisitos que en estas situaciones en la mayoría de las ocasiones no se sigue.

En el caso del interno golpeado y aislado, el abogado dijo que no acudió con la PDH para solicitar apoyo por "desconfianza ante las facultades que la institución pueda tener".
En cambio, además de hacer esta denuncia pública, el defensor prefirió informar al subsecretario Grijalva Tapia de lo ocurrido.

Semanas después, el abogado sigue esperando respuesta, porque dicho funcionario, aunque se dijo en total disposición para resolver el problema y recibió una tarjeta con los datos del profesionista, actualmente no ha dado una respuesta a los llamados de auxilio.