Washington, DC (lasillarota.com).- Este jueves, la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, se comprometió a investigar el papel que pudo tener el Departamento de Estado en la operación Rápido y Furioso, donde entraron armas a México.

En una audiencia ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Clinton negó haber tenido conocimiento de que exista "ningún tipo de notificación o petición" relacionada con el operativo en los registros del Departamento de Estado.

Al ser cuestionada por el Congreso sobre la operación, la secretaria de Estado afirmó que se enteró por la prensa del operativo, supuestamente autorizado en 2009 por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de EU (ATF).

Al respecto, el congresista republicano Connie Mack aseguró que para que el Departamento de Justicia, del que depende la ATF, hubiera podido coordinar la operación, requeriría por ley de un permiso escrito emitido por el Departamento de Estado.

La secretaria de Estado no confirmó ni negó que ese permiso fuera necesario, pero comentó: "basándonos en los registros de actividad de la oficina que habría sido responsable de ello, no hay ninguna prueba" de que existiera una petición semejante.

Y es que de acuerdo con una portavoz de la Oficina de Narcóticos Internacionales y Asuntos Legales del Departamento de Estado, la división "no tiene constancia" de que una autorización de ese tipo fuera obligatoria.

Sin embargo, Clinton se comprometió a solicitar una "investigación meticulosa" sobre cualquier posible implicación de su Departamento en el programa, donde el rastro de unas 2 mil armas se perdió y aparentemente llegaron a manos del crimen organizado.

Al respecto, el Congreso solicitó una audiencia con el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, y además, el Comité Judicial de la Cámara Baja interrogó el miércoles a la secretaría de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, quien también negó todo conocimiento sobre la operación.

Fue el año pasado, cuando se descubrió el fracaso del operativo de la ATF, al ser encontrada una de las supuestas armas suministradas por la agencia, en la escena del crimen donde murió el agente Brian Terry, de la Patrulla Fronteriza.