MEXICALI BC 18 de octubre de 2011 (AFN).- La Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, exigió de las autoridades de los tres niveles de gobierno que deslinden responsabilidades y sancionen a quienes desalojaron a jóvenes integrantes del movimiento “Occupy Tijuana”, la madrugada de este martes.

En una carta firmada entre otros, por Ricardo Rivera de la Torre, María Antonieta Robles y Raúl Ramírez Bahena, en su calidad de presidente, vice presidenta y director ejecutivo respectivamente, se señala que resulta evidente que hubo una “concertación” previa entre las autoridades de los tres niveles de gobierno para realizar ese desalojo.

En el documento en el que marcan copia a otros organismos de Derechos Humanos a nivel nacional como internacional y a la Legislatura del Estado, los firmantes advierten que ese desalojo en el que se llevaron a 27 hombres, 6 mujeres y un menor “violó los derechos humanos de los manifestantes.

Reproducen artículos de la Constitución que otorgan el derecho de asociación y reunión pacíficas, además de aquellos que establecen que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio”, etcétera.

Consideraron preocupante que la autoridad civil “reaccione de esta manera ante las protestas de la ciudadanía”, agravio que dicen que se suma al clima de violencia e inseguridad que viven la entidad y el país.

Por esto demandaron a los órganos de control interno de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California y del XX Ayuntamiento de Tijuana, que abran el expediente de queja respectivo para deslindar las responsabilidades correspondientes al caso y, de encontrar la comisión de presuntos delitos por las fuerzas del orden, dar vista al Ministerio Público.

También que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, oficina en Tijuana, y la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California, abran el expediente de queja correspondiente, además de que el gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna Millán, en su calidad de primera autoridad en la entidad, garantice la aplicación del Estado de Derecho y la protección de los Derechos Humanos consagrada en el Artículo 1º. Constitucional.