*.- Existe otra demanda en su contra por 10millones de pesos
*.-Podría pasar de 2 a 8 años en prisión en caso de hallarse culpable
TIJUANA BC 18 DE OCTUBRE DE 2011 (AFN).- El gobierno municipal de Tijuana interpuso denuncia penal en contra del ex alcalde de la ciudad Jorge Ramos Hernández y otros dos ex funcionarios por abuso de autoridad, informó este martes el director de Asuntos Jurídicos del ayuntamiento, Edgar Fernández Bustamante.
Fernández Bustamante aclaró que la denuncia fue –entre otras cosas- por un desvío de cuotas y aportaciones de trabajadores del Sindicato de Burócratas y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI).
El monto de los recursos desviados asciende a los 78 millones de pesos, de los cuales 20 millones corresponden a recargos por intereses debido a la falta de los pagos.
En este sentido, el director general jurídico del XX Ayuntamiento de Tijuana, explicó que el día de ayer fue presentada una denuncia penal en contra de Ramos Hernández y José Ricardo Vallín Malanche, secretario de administración y finanzas, además de Martha Alicia Fuentes García, tesorera municipal, todos funcionarios del XIX Ayuntamiento.
Señaló que personal de Sindicatura Municipal inició un procedimiento de investigación desde hace meses, desde la nueva administración, por la retención y desvío de cuotas por conducto de los trabajadores de sindicato de base y cuotas además de aportaciones de policías.
Según indicó Fernández, el director del ISSTECALI hizo dos requerimientos al ex alcalde; el primero en el mes de agosto y el segundo el 24 de noviembre, enterando al antiguo ayuntamiento sobre los adeudos por las aportaciones de los sindicalizados que hacía falta de los meses: enero febrero y marzo del 2010. En tanto que en el caso de los policías fueron desde el año 2008 hasta el 2010.
Asimismo, indicó que Martin Plasencia Ávila, secretario general del Sindicato de Trabajadores Burócratas también presentó un requerimiento a través de un proceso en el Juzgado Cuarto civil, para exigir que las cuotas fueran saldadas, sin embargo no recibió respuesta.
A decir de Fernández Bustamante, en la investigación que realizó Sindicatura por su cuenta se determinó que durante ese tiempo las cuentas bancarias del ayuntamiento sí contaba con recursos, incluso según dijo “sí había dinero en bancos y en inversiones, en qué se gasto desconocemos las causas”.
Debido a esta problemática, el XX Ayuntamiento, como informó previamente AFN, llegó a un acuerdo con la dependencia para cubrir el adeudo de más de 70 millones con mensualidades de 2 millones durante toda su administración
*.- Burócratas confirman desvío de recursos e informan de otro caso
Por su parte, el dirigente de los Burócratas, Martín Plascencia confirmó ese presumible desvío y afirmó en entrevista con AFN que las pasadas autoridades no pueden alegar desconocimiento, ya que en dos ocasiones les notificaron de esa falta de pago y no hicieron caso.
Además reveló que el Sindicato presentará ante Sindicatura otra queja por un nuevo desvío de recursos de entre 9 y 10 millones de pesos de los fondos, que corresponden a un fideicomiso destinado a los hijos de los sindicalizados, para que de igual forma se interponga otra denuncia penal.
En este caso, reveló que son más de seis mil trabajadores que se vieron afectados por dichos desvíos de recursos, tan sólo en la sección Tijuana, sin embargo afirmó, el total asciende a los 19 mil en todo el estado.
Además, manifestó que en su momento los sindicalizados estuvieron a punto de perder los servicios que ISSSTECALI les brinda, no obstante pudieron llegar a un acuerdo con los directivos lo que pudo permitir que tal situación no aconteciera.
*.-PGJE confirma denuncia penal
Sobre el tema, la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través de personal del departamento de Comunicación Social, confirmó este martes que el día de ayer fue interpuesta una denuncia penal en contra del ahora ex alcalde de Tijuana y otros dos funcionarios que colaboraron con él durante su administración.
En este sentido, explicaron que se abrió una sola averiguación en contra de los tres funcionarios por faltas al artículo 293 por el delito de Abuso de Autoridad. Actualmente el Ministerio Público (MP) esta integrando la averiguación sobre el caso para después determinar sí en efecto existió dicho delito por parte de los señalados o si debe ser reclasificado.
En caso de ser hallados culpables Ramos Hernández y los otros dos ex funcionaros podrían pasar en prisión un tiempo de 2 a 8 años, según lo establecido en el código penal como sanción para el delito de Abuso de Autoridad.
Sin embargo, la penalidad puede variar de acuerdo a lo determinado por el Juez quien tras revisar los elementos presentados por el MP para la investigación podría decidir otra penalización.
