Tijuana BC 9 de julio de 2015 (AFN).- El diputado panita Mario Osuna Jiménez, afirmó que urge actualizar la Ley para Prevenir, Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las víctimas de estos delitos,  en la cual pretende crear una Comisión Interinstitucional,  ya que Baja California está en segundo lugar  a nivel nacional en detenciones por este tipo de acciones ilícitas.

A raíz de esto, presentó este jueves una iniciativa de reforma dicha Ley en la sesión de trabajo de la 21 Legislatura de Baja California.  Ahí explicó  que el estado durante el periodo de los años 2012-2013 se colocó gracias al trabajo de la Procuraduría del Estado como el segundo lugar a nivel nacional en el número de detención por la presunta comisión de delitos de trata, con 72 arrestos.

Indicó que la Ley corresponde al Gobierno del Estado la responsabilidad de establecer una Comisión Interinstitucional para coordinar las acciones del gabinete estatal, regular los esfuerzos de cada ayuntamiento y a su vez sistematizar con el órgano homologo Federal.

Osuna Jiménez destacó que es necesario instalar la Comisión Interinstitucional Contra La Trata De Personas de Baja California; otorgar la facultad a los titulares de la comisión para nombrar a un suplente que pueda representarlos con voz y voto dentro de la comisión.

Lo anterior, con el objetivo de que la agenda y responsabilidades de los titulares de los Poderes del Estado, Ayuntamientos, Secretarios y Titulares de las dependencias, no sea un impedimento para la coordinación y el desarrollo de los trabajos

Comentó que  es necesario aprovechar las capacidades y experiencia de reconocidos académicos e instituciones gubernamentales, que tengan conocimiento y trabajo vinculado con el tema de la trata de personas en el estado.

La iniciativa de reforma a dicha ley  pretende impulsar la participación de organismos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Consejo Estatal De Seguridad Pública, el Comité de Planeación para el Estado y Organizaciones de la sociedad civil y académicos. 

Informó que para lograrlo se reformarían los artículos 6, 7 y 8 del mencionado ordenamiento, con lo que buscamos que sea convierta en un instrumento eficaz y que la participación ciudadana sea motivo adicional para su implementación, ya que a la fecha no se encuentra en funciones.