Tijuana BC 25 de junio de 2015 (AFN).- El Síndico Social de Tijuana, Bernabé Esquer Peraza, exigió sancionar a los responsables del daño patrimonial ocasionado por la demolición de la cárcel conocida como “La Ocho”, acción que generó un costo de más de tres millones de pesos del erario público.

Afirmó que está a favor de que “se devuelva lo que se les arrebató a los tijuanenses”, por lo que solicitó a la Sindicatura Procuradora que informe públicamente el resultado de las investigaciones relacionadas al daño patrimonial, causado por ex funcionarios de la administración del ex alcalde, Carlos Bustamante Anchondo.

Durante la sesión de Cabildo, en la que votó a favor de la reincorporación del terreno de “La Ocho”  al patrimonio de Tijuana, indicó que ahora será un parque en donde familias podrán convivir.

Sin embargo, Esquer Peraza destacó que el Congreso del Estado detectó que sin autorización del Cabildo Municipal –encabezada por Carlos Bustamante Anchondo- “autoritariamente” ordenó la destrucción de las instalaciones y otras obras complementarias que existían en el predio de propiedad municipal, en la que la Comisión Estatal de Avalúos determinó un valor conjunto de casi nueve millones de pesos.

Señaló que la destrucción del inmueble “son constitutivos de conductas delictivas”, pues con estas acciones ordenadas por Bustamante Anchondo y ejecutadas por algunos de sus colaboradores, se provocaron daños materiales a los bienes públicos y un perjuicio patrimonial a la Hacienda Pública.

Luego de que ordenaron la aplicación arbitraria de más de tres millones de pesos  para contratar a la empresa que demolió materialmente las referidas construcciones.