México DF 15 de mayo de 2015 (AFN).- A fin de que no se repitan las condiciones de explotación laboral contra las personas que se  encuentran en condiciones de pobreza, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), anunció que vigilará el cumplimiento de los acuerdos a que se llegaron en el caso de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín..

Referente a las fianzas millonarias impuestas a tres jornaleros, como consecuencia de los hechos del pasado 9 de mayo, el Ombdusman consideró que deben ser revisadas, pues se aprecia notoriamente desproporcionada. 

Este Organismo nacional, reconoce el hecho de que las “partes” hayan adoptado el diálogo como vía para alcanzar una solución que beneficie a todos los involucrados, y que particularmente fortalezca los derechos fundamentales de los trabajadores del campo.

Durante la reunión convocada por el Gobierno federal, en Ensenada Baja, California, participó como observador, Jorge Ulises Carmona Tinoco, Sexto Visitador General de la CNDH, para dar respuesta a los planteamientos de los jornaleros.

Con independencia de los acuerdos logrados y en seguimiento a la investigación que mantiene abierta sobre este particular, la CNDH continúa con presencia permanente en la zona, con el fin de recabar evidencias sobre los hechos denunciados.

Señalaron que Personal actuante de este Organismo nacional, visitó a jornaleros y entrevistó a distintas autoridades, además de documentar la situación de los heridos y detenidos, luego de los hechos violentos del 17 de marzo y 9 de mayo pasado, a efecto de determinar si existieron violaciones a sus derechos humanos. El  9 de mayo fue solicitada la adopción de medidas cautelares a las autoridades locales.

También la CNDH requirió información, mediante sendos oficios, a las autoridades presuntamente involucradas, como el Gobierno del Estado de Baja California, Presidencia Municipal de Ensenada, Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Baja California, Policía Municipal de Ensenada, Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal, Instituto Mexicano del Seguro Social y Procuraduría General de la República.

La Comisión Nacional permanecerá vigilante de la evolución de los acontecimientos y en su momento emitirá la resolución que conforme a derecho proceda.