Ensenada BC 14 de mayo de 2015 (AFN).- Después de varias horas de negociación a puerta cerrada, jornaleros  del Valle de San Quintín y autoridades de los tres niveles de gobierno concretaron 13 acuerdos, pero no lograron destrabar la demanda de fijar un salario de 200 pesos diarios.  

La reunión se llevó a cabo las instalaciones de la Administración Portuaria Integral (API), encabezada por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, el subsecretario de Trabajo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social Federal, Rafael Avante Juárez;  el Jefe de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob), David Garay Maldonado, así como representantes de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal, quienes  firmaron un documento con los 13 puntos, que representan compromisos que vendrán a beneficiar a quienes trabajan en los campos agrícolas.

Dichos acuerdos incluyen: Que se  iniciará de inmediato una campaña de afiliación y credencialización de todas y todos los trabajadores al IMSS, proceso que no implicará ningún costo para ellos; que por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se hará la retención ni el condicionamiento de los salarios de las y los trabajadores, los cuales se pagarán total y puntualmente en el lugar de trabajo y se transparentarán los diferentes conceptos que lo integran.

Como tercer punto, que se  identificarán y atenderán las necesidades de mejora en vivienda, alimentación y condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores en estricto apego a la ley; cuarto, que se  garantizará el respeto a los derechos laborales contenidos en la Ley Federal del Trabajo y a los derechos humanos integrales particularmente de las mujeres trabajadoras y sus familiares; para lo cual se llevarán a cabo las inspecciones de trabajo necesarias.

En quinto lugar, las empresas cumplirán los requisitos para certificarse como libres de trabajo infantil; sexto: Se creará un fideicomiso de inversión con aportaciones de los gobiernos federal, estatal y las empresas para el desarrollo de la zona, el cual quedará formalizado en un plazo no mayor a sesenta días.

En el punto siete, acordaron que se revisarán los programas sociales para que los jornaleros no pierdan su carácter de beneficiarios como consecuencia de sus desplazamientos de sus lugares de origen a los campos agrícolas, y se revisarán los padrones para constatar que éstos cumplan con los requisitos para acceder a ellos.

Ocho: La STPS otorgará, en los términos que conforme a derecho proceda, su registro sindical a la Alianza de Organizaciones Nacionales Estatal y Municipal por la justicia social; nueve: Que la autoridad garantizará el respeto a la libertad y autonomía sindicales de los trabajadores en la zona; diez: Que el gobernador se reunirá con los voceros de la Alianza para tratar las problemáticas locales de San Quintín planteadas por la misma, antes de que concluya el mes de mayo.

En el punto once, se acordó que en el caso de las personas detenidas, las autoridades federales y locales del Estado de Baja California, en los términos de ley, procurarán los mecanismos para que, en su caso, obtengan su libertad privilegiando que prevalezca un ambiente de respeto al orden público y al estado de derecho.

Como punto doce, el acuerdo incluye que las partes se comprometen a conducir sus acciones presentes y futuras en un ambiente de absoluto respeto a la ley y a los derechos de terceros, absteniéndose de cualquier tipo de represalia, preservando en todo momento la paz pública y privilegiando el diálogo, la concertación y la conciliación. 

Y como treceavo y último, el acuerdo especifica que "el tema del salario base será pactado en la siguiente sesión a realizarse el próximo 4 de junio en San Quintín. Los gobiernos Estatal y Federal, y las y los Senadores harán las gestiones pertinentes con los empresarios agrícolas para procurar que la propuesta se traduzca en un incremento lo más cercano posible, a la propuesta de la Alianza (doscientos pesos) y que sea retroactivo al 24 de mayo. El gobierno federal, en su caso, podrá aportar el diferencial para alcanzar la propuesta de la Alianza".

Dicho documento fue firmado por el mandatario estatal, el Subsecretario de Trabajo, el representante de la Segob; y por los senadores Angélica de la Peña Gómez, Benjamín Robles Montoya, Adriana Dávila Fernández, Víctor Hermosillo Celada y Fidel Demédicis Hidalgo.

En la reunión también estuvieron: Gilberto Hirata Chico, alcalde de Ensenada; Francisco Rueda Gómez, Secretario General de Gobierno del Estado; Perla del Socorro Ibarra Leyva, Procuradora General de Justicia del Estado; Juana Laura Pérez Floriano, Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Estado; Manuel Valladolid Seamanduras, Secretario de Fomento Agropecuario; y Daniel de la Rosa Anaya, Secretario de Seguridad Pública del Estado.

También atestiguaron este acto los delegados federales en el Estado: José Luis Hernández Ibarra, de la Segob; Guillermo Peñúñuri Yepiz, del Issste; Minerva Torres Villanueva, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal; Juan Malagamba Zentella, de la CNDI; y Marco Antonio Corona, de la Secretaría de Desarrollo Social Federal (Sedesol).

Por parte de la Alianza estuvieron los voceros: Fermín Salazar, Fidel Sánchez, Juan Hernández López, Justino Herrera Martínez, Juan Martínez Mendoza, Lucila Hernández García, mientras que también acudió Arnulfo León Lavenant, Procurador de los Derechos Humanos en Baja California, y Alberto Muñoz, representante legal de los productores de San Quintín.