Ensenada BC 7 de mayo de 2015 (El Vigía).- La operación de la planta almacenadora de gas LP Gaspasa, generó una vez más, controversia entre los ediles, durante la sesión de Cabildo celebrada ayer.
El síndico procurador, Iván Barbosa Ochoa reiteró que la investigación que se realiza, es sólo sobre los trámites y autorizaciones municipales, e insistió en que los permisos para su operación son competencia federal.
Mientras el síndico social, Félix Ojeda Ortega, hizo un extrañamiento ante la falta de dictámenes de las inspecciones aprobadas el 22 de abril del 2015, las cuales debe hacer Catastro, Control Urbano y Protección Civil.
El objetivo es que se cancelen o renueven las licencias, autorizaciones y derechos a Gaspasa.
El regidor Salvador Espinosa, observó que el actual delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Narturales (Semarnat), y quien está facultado para actuar, aprobó el cambio de uso de suelo a Calafia Gas, cuando fue regidor en la administración de Enrique Pelayo Torres.
Consideró que ante la controversia y la serie de señalamientos que se han hecho unos contra otros, parecen actitudes de revanchismo y no de protección a la ciudanía.
"Están manipulando información”, dijo a ediles.
En respuesta al extrañamiento de Ojeda, Jesús Jaime González Agúndez dijo que ya se notificó a las dependencias, y que el presidente municipal emitió un escrito para que los directores de Protección Civil, así como de Catastro y Control Urbano, se encargaran de llevar a cabo las revisiones.
Al mismo tiempo se informó que en la próxima sesión de cabildo, se presentará el dictamen correspondiente.
Insisten por el MIA
La regidora Daniela García Salado insistió en que la empresa no cuenta ni con el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), ni con el de análisis de riesgo, porque las autoridades federales se los negaron.
Consideró que no ha habido voluntad de las autoridades municipales y reiteró que el director de Catastro y Control Urbano, incumplió un acuerdo verbal al otorgar el permiso de ocupación de la obra a Gaspasa, para que pudieran operar.
El síndico procurador Iván Barbosa Ochoa, reiteró que la Sindicatura solo se va a enfocar en sancionar a quienes dieron de manera irregular los permisos.
"Quien debe llevar a cabo la clausura y quien revisa la operatividad de la empresa, son las autoridades federales”, explicó.