*.- Diputados dictaminarán en abril sobre controversia entre Ensenada y Playas de Rosarito

Mexicali BC 25 de marzo de 2015 (AFN).- Por acuerdo de sus integrantes, la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales de la XXI Legislatura, será quien a más tardar el mes de abril dictamine, de acuerdo a sus facultades de Ley,  la controversia de límites territoriales entre los municipios de Ensenada y Playas de Rosarito; ya que entre los alcaldes no llegaron a acuerdos.

El diputado estatal, Roberto Dávalos Flores, presidente de dicha Comisión, dijo que  tendrá que  informar este jueves en la sesión del pleno, todos los trabajos realizados por sus compañeros, "tendientes a buscar una composición armónica entre los alcaldes de Ensenada y Playas de Rosarito, la cual no se pudo concretar por falta de acuerdo
de  una de las partes".

Explicó que el congreso local mandató a la comisión a su cargo buscar acuerdos entre los alcaldes de Ensenada, Gilberto Hirata Chico; con el de Playas de Rosarito, Silvano Abarca Macklis, con quienes se celebraron varias reuniones; pero en la recta final el Cabildo rosaritense no autorizó a su presidente municipal a participar en un acuerdo de este tipo.

Dávalos Flores dijo que esta Comisión hará llegar a los diputados un compendio con una serie de documentos, probanzas e información técnico-jurídica relacionada con los límites territoriales, derivados de los foros, mesas de trabajo y acuerdos tomados por los integrantes de la misma.

Con el informe que rendirá mañana ante el pleno, dijo, se abre un nuevo procedimiento de análisis, discusión, para arribar a la dictaminación final de los límites territoriales, siendo  después sometido para su votación de los diputados integrantes de la XXI Legislatura.

Reconoció el interés e imparcialidad con que se han conducido los integrantes de la comisión en el tema de límites territoriales: diputados René Mendivil, Cuauhtémoc Cardona, Rodolfo Olimpo Hernández, Miriam Ayón y Felipe Mayoral, en este asunto que es de suma importancia para devolverle certeza jurídica  a los habitantes de los poblados que se encuentran en las zonas de la controversia territorial.