*.- Defensores de derechos humanos afirman que "desobediencia civil" es por hartazgo

Tijuana BC 19 de marzo de 2015 (AFN).- Activistas y defensores de los derechos humanos, enviaron una carta abierta al gobernador Francisco Vega de Lamadrid, para que se evite la represión contra trabajadores del campo que tomaron el camino de la "desobediencia civil" en San Quintín, Ensenada; y pidieron que escuche a los líderes comunitarios, ya que estas acciones de protestas tienen origen en el hartazgo y en violaciones a sus derechos.

En el documento, firmado por miembros de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Ccdhn) Asociación Civil, piden al gobernador de Baja California que "no reprima a los jornaleros agrícolas en San Quintín, no escuche las voces que así le aconsejan; demuestre que es usted un demócrata".

Firman el documento, integrantes de la Comisión referida: Raúl Ramírez Baena, Daniel Solorio Ramírez, María Antonieta Robles Barja, Ricardo Rivera de la Torre, Lorena Rosas Chávez, Soraya Vázquez Pesqueira, Álvaro de Lachica y Bonilla, Luis Hernández Morales, Silvia Reséndiz Flores, Julia Cerrud Valle, Montserrat Galindo Moreno, Lea Castillo Medrano, Adriana Chávez Urias, Yacotzin Bravo Espinoza, Sara Islas y Vianka Santana.

Agregan en su escrito, que "al margen de vandalismos y de provocadores ajenos al movimiento indígena", la desobediencia civil pacífica de los jornaleros "mediante el bloqueo de la carretera Transpeninsular, es un derecho humano amparado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos"; y que cuando una persona o grupo realiza estas acciones "es porque las vías judicial, administrativa, de diálogo y negociación ante las autoridades para la resolución de sus demandas, han sido agotadas".

Aceptan que aunque se violan disposiciones legales, la “desobediencia” tiene su origen en violaciones a los derechos humanos, y no atentan contra el Estado de Derecho, sino que lo fortalece; y que cuando este tipo de situaciones ocurre, "es curioso que (..) las autoridades invocan 'los derechos de terceros' cuando han sido omisos en respetar los derechos de primeros".

"Para decidir una represalia física o judicial, la autoridad debe ponderar la afectación mayor a los derechos por sobre la afectación menor; así, es más grave que un puñado de empresarios, amparados por sindicatos de protección, se enriquezca a costa del trabajo de miles de trabajadores agrícolas, que bloquear una carretera; y es más grave que familias enteras vivan permanentemente en condiciones de pobreza y miseria, que las afectaciones temporales a la economía y a la libertad de tránsito con el bloqueo carretero", expusieron. 

En este últipo punto, como ejemplo refieron las acciones de resistencia civil que en el pasado desplegaron Manuel "Maquío" Clouthier, Francisco Barrio, Vicente Fox "y otros distinguidos panistas".

Omisiones y demandas

Los firmantes señalaron que "es evidente que el gobierno ha sido omiso en abatir los rezagos sociales y las demandas históricas de los jornaleros indígenas y sus familiares, explotados en los ranchos privados", y esto es origen del conflicto actual, por lo que "se constituyen entonces en violencia institucional que, obvio, nadie sanciona", donde los indígenas al Sur de Ensenada viven y trabajan en condiciones parecidas a la época porfirista.

La Convención de Palermo, de la que México es Estado Parte, agregan, califica esta práctica como "trata de personas con fines de explotación laboral", y las autoridades están obligados a intervenir y sancionar.

"Reprimir física y judicialmente a los indígenas en sus legítimas protestas sin resolver sus demandas, da como resultado que las víctimas de violación a los derechos humanos sean tratadas como delincuentes. ¿Esa es la justicia que imparte el gobierno?", preguntan, además de pedir al mandatario que hable personalmente con los dirigentes indígenas, cara a cara.

"No se refugie en instalaciones militares porque los indígenas no son una amenaza, la amenaza a la paz es la injusticia; cambie a las y los funcionarios que no han cumplido con su deber y que sólo justifican su ineficiencia; persiga al vandalismo y a los oportunistas que generan violencias, pero no desate una 'cacería de brujas' que luego pudiera traer peores consecuencias", exponen.

Le recuerdan además que México "está en la mira de la comunidad internacional", y que nadie desea que el Estado vuelva a la palestra de la comunidad internacional y organismos diversos por violaciones graves a los derechos humanos.