Tijuana BC 13 de noviembre de 2014 (AFN).- Para académicos del Colegio de la Frontera Norte (Colef) y un analista político, así como para estudiantes, el problema en Ayotzinapa se ha agravado debido a que la autoridad correspondiente no ha dado a conocer los resultados reales de lo ocurrido a los 43 normalistas desaparecidos.

Académicos del Colef organizaron este día una mesa de dialogo denominada “La punta del iceberg: Los normalistas desaparecidos y la masacre de Ayotzinapa”, con la participación de cinco especialistas y dos estudiantes, donde llegaron a tal conclusión.

El investigador Víctor Espinoza calificó como "inédita" la participación de los estudiantes del centro de estudios sede, en manifestaciones a través de las cuales han dado sus posturas respecto a lo ocurrido en aquel poblado de Guerrero, “debido a que aquel evento a sacudido muchas conciencias”.

Recordó que cuando la clase política celebraba la entrada en vigor de las reformas federales realizadas en la presente administración, con el lema de que el país ingresaría en una nueva etapa, lo ocurrido en Ayotzinapa advirtió a todo México que existen desigualdades y zonas de ausencia del Estado mexicano, además de que se  violan los derechos humanos de manera cotidiana, entre otras faltas.

Dentro de su ponencia, señaló que no es posible que en este país desaparezcan 43 personas y nadie tenga conocimiento de su destino, situación que agravó la presunta tardía respuesta del Gobierno Federal, quienes, a su juicio, quisieron hacer creer que sólo era un problema del Estado de Guerrero.

Persisten dudas

Espinoza dijo que en estas fechas continúan las dudas sobre las actuaciones de la autoridad en las detenciones referente a las investigaciones de la desaparición de los normalistas, y se preguntó si realmente han ocurrido estas como han dado a conocer de manera oficial, o si son actuaciones como las del sexenio anterior, “en las producciones García Luna”, en referencia al ex titular de la Procuraduría General de la Republica (PGR).

Lo ocurrido reiteró. no sólo han despertado conciencias sino que han generado la necesidad de respuesta del Estado mexicano; y por ello “estamos ante una crisis de seguridad” en la cual por la manera que están actuando los responsables del tema no pueden resolver los problemas y persiste “una colusión fuerte entre el crimen organizado y autoridades en aquellas zonas”.

Dijo no descartar que el gobierno logre “cortar dos o tres cabezas” como medida de control de daños, pero la sociedad podría continuar exigiendo que se esclarezcan los hechos, pero con evidencias que demuestren la realidad de lo ocurrido.

Por su parte, Miguel Olmos, también académico del Colef, dijo que no se puede descartar el hablar sobre los “infiltrados” de la autoridad en las manifestaciones que han realizado en varias entidades, en las que ha habido quemas de oficinas gubernamentales.

La estudiante Cheryl Álvarez enfatizó en la necesidad de no quedarse callados como educandos, en lo particular dijo que le preocupa como han tratado de minimizar los hechos en algunas columnas políticas, de medios de comunicación nacionales.

Reflexionó que no se debe minimizar que existe un grupo de personas que piden la renuncia del actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, justificando que con ello no se solucionaría nada, sino que deben de pensar sobre los mecanismos que si lo harían.

Sobre el tema en cuestión, el investigador Vicente Sánchez, señaló que la pregunta es porqué no hubo manifestaciones por la desapareción de al menos 300 personas en Baja California durante los últimos años, como lo han manifestado algunas organizaciones civiles locales, así como en otras entidades en las que también se han registrado estas acciones.

Añadió que la sociedad espera a que le pase algo cercano para reclamar, y puso como ejemplo que, también en Guerrero, hubo otra desaparición de turistas en Acapulco y no hubo tales movilizaciones. 

Resaltó que las encuestas han arrojado que la ciudadanía ha perdido la confianza en sus autoridades, por lo que dijo que es tiempo de que se pregunten que tipo de gobierno y policía quieren en sus entidades, municipios y en México.

Además refirió que existe un contexto en el caso de Guerrero, el cual habla que del año 1997, junto con Sinaloa registran tasas altas de homicidios dolosos, a diferencia de otras entidades en las que solo han existido “picos” temporales, pero en los estados citados la tendencia criminal se ha mantenido, en parte por los intereses del narcotráfico con los políticos.

En el caso especifico de la zona de la desaparición de los normalistas, lamentó que los gobernantes inmiscuidos fueron emanados de un partido que se había dicho una alternativa  (PRD) a los 80 años del Revolucionario Institucional (PRI), pero que lo más lamentable es que este movimiento que ha despertado en  la población no haya sido canalizado de una manera correcta para incidir en el Estado mexicano.

Medios masivos y objetividad

El especialista en administración publica, Marco Reyes, consideró que los medios de comunicación "ocultan lo que ocurre en muchas comunidades", por lo que es necesaria la objetividad en los académicos en estos casos; “todos estamos consternados, queremos manifestarnos, pero también tenemos responsabilidad en ser objetivos”.

Refirió que las comunidades étnicas han sido las más lastimadas por el gobierno, pero no se puede encasillar en este rubro, sino que deben de tomar el movimiento observando los diversos mensajes que están enviando, e insistió que no es la primera ocasión que ocurre un hecho violento de esa magnitud.

Sobre la educación, dijo que si uno estudia puede escalar en la esfera social, pero para que ello ocurra debe de existir un mercado de trabajo que ofrezca oportunidades, pero esto no ocurre para los jóvenes, por lo que se ven tentados en ingresar a las filas de la delincuencia.

Asimismo, dijo que la escuela rural de Ayotzinapa tiene una historia interesante, ya que nació de un proyecto experimental productivo, en el que los jóvenes producen lo que requieren para sobrevivir, aunque el gobierno entrega algunas becas, pero sin que puedan subsistir con ese recurso, al ser poco.

En otro tenor se expresó Benedicto Ruiz, analista político, ya que consideró que lo que ocurre en México es producto de una rabia acumulada ante la violencia e impunidad existente, por la penetración del narco en el gobierno, “las manifestaciones tienen un desplante de rabia”, pero la parte radical no sirve cuando no existe una cabeza para encaminarlos.

Por este motivo, consideró que el Estado puede aprovecharse al ver que no existe una propuesta y el propio movimiento se arrincona sin avanzar, "para poder encajonarlo y desintegrarlo".

Respecto a los partidos políticos, manifestó que desde hace 15 años estos aceptan a personas que tengan dinero para que aporten, sin preocuparse por sus orígenes o el de sus recursos, y así realicen las campañas proselitistas sin problemas de solvencia económica, situación que también se presenta en esta entidad.

El problema actual se produjo, aseguró, cuando Peña Nieto tomó el poder y sólo se preocupó por abatir la pobreza e hizo a un lado el tema de la seguridad, esto para evitar que su agenda política fuera trastocada y sacudidas, por lo que expuso que no es que el primer mandatario esté “pasmado”, sino que trata de evitar que le ocurra lo señalado.

“Estamos al filo de la navaja, la tragedia puede servir para cambiar el país”, pero la clase política esta podrida y es incapaz de componer un proyecto de país, incluido la izquierda, subrayó.