*.- Se busca castigar así a quien provoque un daño patrimonial
Tijuana BC 11 de noviembre de 2014 (AFN).- Este día fue presentada una propuesta de reforma de la Ley del Procedimiento Resarcitorio, que entre otras cosas sugiere embargar los bienes de funcionarios públicos que con su actuación propicien un daño patrimonial al erario.
El diputado local Rodolfo Olimpo Hernández Bojórquez, al participar en el Foro para la Integración del Proceso Resarcitorio a la Ley de Fiscalización del Gasto Público para el Estado Baja California, comentó que se trata de contar con mecanismos que den certeza al gasto, además de actualizar la mencionada legislación que se ha mantenido rezagada en cuanto a las tendencias nacional e internacional.
Explicó que si esto se logra, no se tendría que esperar hasta que finalice el periodo del funcionario para pedir cuentas, sino que podría hacerse dentro del año del ejercicio, y en los casos en que se demuestren las irregularidades que afecten al patrimonio público.
Dijo también que al embargar los bienes privados de los responsables, con éstos se podría garantizar que resarcirían a la dependencia afectada, sin menoscabo de que se finquen las responsabilidades que en materia civil, administrativa o penal, pudiera tener el funcionario.
Hernández Bojórquez resaltó además el hecho de que a través de esta incorporación del procedimiento resarcitorio, el Congreso del estado y el Órgano Superior de Fiscalización (Orfis) podrán asegurar que al final de la ruta de impartición de justicia pertinente, habrá una reserva económica garantizada para cubrir los daños económicos.
Asimismo, precisó que la mencionada Ley contempla que no sólo el funcionario público imputado sea sancionado, sino que también establece una responsabilidad para su superior inmediato jerárquico, debido a que en la función pública las culpas son compartidas, ya que “no hay ningún funcionario que se mande solo”, subrayó.
En este mismo sentido, abundó que aquellos que pudieron haber prevenido esos malos actos, también son sujetos a una sanción, además de que de igual forma está contemplada en la propuesta para nueva la nueva Ley, que en los casos en los que la dependencia responsable de imponer una sanción no lo haga, el asunto será atraído por el Orfis o el propio Congreso.
Esta propuesta ya fue presentada en la comisión legislativa correspondiente, y a decir de Hernández tiene grandes posibilidades de ser aprobada por el Pleno.