*.-  En Comisiones, los diputados rechazan iniciativa del Partido Verde
*.- Se pretendía que los actuales consejeros permanecieran dos años más en su cargo y después reelegirse 

Mexicali BC 28 de octubre de 2014 (AFN).- Por unanimidad, los diputados miembros de las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación, rechazaron ampliar el periodo de permanencia de los consejeros de la Judicatura de Baja California, pues aseguran es “anticonstitucional”, luego de que el Partido Verde Ecologista de México presentó en el Congreso estatal la iniciativa para modificar la Ley del Poder Judicial del Estado.
    
El diputado Roberto Dávalos Flores, presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y  Puntos Constitucionales, afirmó que su voto fue en contra pues la Constitución prohíbe  al órgano legislativo expedir leyes retroactivas; además, respaldó a los integrantes de todas las barras y colegios de abogados de Baja California que no estaban de acuerdo en dicha reforma.
    
En la reunión, destacaron “improcedente” el dictamen que contiene la iniciativa que pretendía a los actuales consejeros permanecer dos años más en el cargo y darles el derecho de ratificación.
  
La intención de dicha modificación constitucional permitiría eliminar la restricción que actualmente prevalece en la fracción VIII del artículo 60 de la Carta Magna local, respecto a que para ser magistrado del Poder Judicial se requiere no haber sido titular de una dependencia pública federal, estatal o municipal durante el año previo a la fecha en la que deba ser nombrado.
  
Aparte, planteaba que los consejeros de la Judicatura designados por el Poder Ejecutivo y Legislativo, tengan un periodo de tiempo en su cargo de seis años, con posibilidad de reelección hasta por un periodo adicional; además, establecer exámenes de mérito y conocimientos a los aspirantes del mencionado Consejo.
  
En la sesión, se contó con la presencia de la presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, María Esther Rentería Ibarra, así como de magistrados y representantes de los colegios de abogados de Mexicali y Tijuana, quienes expusieron su negativa con bases jurídicas, a la referida pretensión legislativa, al momento de permitírseles el uso de la voz.