Tijuana BC 4 de septiembre de 2014 (AFN).- No sólo la parte económica debe de llamar la atención de los legisladores, sino también la legalidad de los actos de autoridad que se ejercen en Baja California, afirmó la diputada Laura Torres Ramírez, refiriéndose a la aprobación de recursos presupuestados de los gobiernos municipales.
Durante su participación en la tercera sesión ordinaria de la 21 Legislatura estatal, celebrada la tarde de ayer en esta ciudad, Torres señaló que en lo que respecta al presupuesto de Rosarito se observa un “daño”, situación por la que se ve obstruido su potencial como zona turística, pesquera e industrial.
Agregó que a pesar de que sus ingresos fueron establecidos legítimamente por ésta, y todas las legislaturas anteriores; “el orientar con honestidad y transparencia los recursos presupuestados y referidos a los ingresos tributarios, es la manera más eficiente de otorgar servicios públicos, atraer inversión y fortalecer los programas sociales del municipio”.
Torres Ramírez destacó que por mandato constitucional, los funcionarios públicos no cuentan con más facultades que las que otorgan las leyes, particularmente en la Ley de Ingresos Municipal, en la que se establece que “las autoridades municipales no podrán recaudar ningún gravamen que no se encuentre previsto en la Ley de Ingresos respectiva, o alguna otra disposición aprobada por el Congreso del Estado”.
Si en la Ley de Ingresos Municipal no se prevé alguna contribución, cuota o tarifa aplicable a un impuesto específico, éste no debe recaudarse, ya que de hacerlo, sin contar con atribuciones para ello, se incurre en responsabilidad de carácter administrativo e incluso penal”, recalcó.
La legisladora manifestó que al Poder Ejecutivo y a los municipios, les corresponde planear, calcular, organizar y determinar los ingresos que se deben de recaudar para atender las necesidades de la población.
Indicó que lo anterior, es una de las responsabilidades constitucionales más importantes para todo gobierno que realmente “quiera servir a su pueblo”, ya que es la base sólida para la captación de recursos económicos necesarios para gozar de salud, seguridad, educación y diversos servicios públicos.
Finalmente la diputada Laura Torres, mencionó que no solo la parte económica merece su atención, si no la legalidad de los actos de autoridad que se ejercen en Baja California, “en virtud de que tenemos leyes federales, estatales y municipales que nos rigen y debemos respetar de manera irrestricta”.
