*.- Bustamante relata el proceso de contratación y las incidencias que se dieron
*.- Si dicen que fallan 10,000, más de 56,000 están funcionando en la ciudad
Tijuana BC 19 de mayo de 2014 (AFN).- Si dicen que 10,000 luminarias en Tijuana están fallando hay otras más de 50,000 que sí funcionan, respondió el ex alcalde de la ciudad Carlos Bustamante Anchondo al dar sus respuestas ante la serie de señalamientos que se han hecho en este sentido y que han llevado a algunos sectores de la población a presumir que la ciudad está a oscuras.
En la conferencia prensa en la que el ex edil acusó a Eligio Valencia Roque, (director del periódico El Mexicano de estarle orquestando esta campaña porque no le respondió favorable en varias de sus peticiones, incluida la donación de un terreno de casi 8,000 m²), Bustamante Anchondo aclaró que decidieron poner en marcha el Programa de Modernización del Alumbrado Público para la ciudad considerando que para diciembre del año 2010 -en que tomó posesión- este Sistema estaba integrado por un total de 49,108 luminarias conectadas de forma directa a la línea de suministro, además de 14,000 que estaban conectadas al servicio medido.
También dijo que el sistema de alumbrado en Tijuana era caótico, que se había puesto sin ningún plan y que se fue instalando por parte de los diferentes gobiernos de esta frontera, según iba creciendo la ciudad.
Explicó además que el sistema era constituido por una red de cable, postes, luminarias y focos así como medidores instalados en las vías principales de la ciudad, los cuales además de no estar inventariados a nivel municipal, en algunos casos eran propiedad de terceros como ocurría con la postería de las luminarias que pertenecían a la Comisión Federal de Electricidad o Teléfonos del Noroeste.
Por otra parte el servicio de alumbrado público se prestaba con el uso de luminarias caracterizadas por tener un balastro electromagnético y un foco de vapor de sodio de alta presión, lo que causaba una pérdida de energía en un 25%, además de una afectación importante al medio ambiente, lo que le hacía un sistema ineficiente y obsoleto, que además originaba falta de alumbrado público, tanto al interior de los asentamientos como en zonas reconocidas, estratégicas y bulevares y avenidas principales. Esto, según dijo, también propiciaba una sensación de inseguridad y la oportunidad para la comisión de delitos de diversa naturaleza.
Por esto, el 30 de abril de 2010 en sesión de Cabildo la administración de Jorge Ramos Hernández emitió un acuerdo sobre este programa, el cual por las condiciones pactadas le costaría el ayuntamiento entre 300 y 400 millones de pesos, por lo que el 2 de junio de 2011, la administración de Carlos Bustamante decidió modificar la licitación para lograr mejores condiciones.
De esta forma el 1 de julio de 2011, se publicó la convocatoria que dio inicio a la licitación pública nacional LIC-TIJ-LUM-001-2011, en la que participaron alrededor de una treintena de compañías, sin embargo la mejor propuesta la presentó la empresa Industrias Sola Basic SA de CV, por lo que ese mismo 1 de septiembre se emitió un fallo adjudicándole el contrato a esta compañía
Se determinó un monto de $130 millones 117,583 pesos que no incluía el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y que fue aceptada por unanimidad por el Comité técnico constituido para este efecto, ya que se estimó congruente con las bases de licitación y en cumplimiento con los requisitos técnicos, legales, financieros y económicos para la adjudicación del contrato.
Las empresas que quedaron como finalistas fueron: industrias Sola Basic, GTel Comunicación, Osram, Celsol, Giro Construcciones.
Para que el contrato causara efecto la empresa presentó una propuesta de financiamiento para servicio de arrendamiento que se haría a través de su compañía financiera “El Camino S.A. de C.V.” lo cual fue analizado por el ayuntamiento que finalmente la desechó el 24 noviembre 2011, a través de su tesorero municipal quien recomendó no aceptar esta propuesta financiera, debido a que podrían obtenerse mejores condiciones, tomando como base una línea de crédito otorgada al municipio por parte de BBVA Bancomer S.A., que sería de $155,495,831 pesos lo que le permitió al gobierno municipal un ahorro efectivo por un monto de 35,138,000 426.61 pesos.
El convenio original establecía el: otorgamiento del uso y goce temporal de 63,400 conjuntos de luminarias con una vigencia contractual hasta el 30 de noviembre de 2013; una contraprestación de 144.4 millones de pesos y el inicio de la instalación y puesta en funcionamiento de las luminarias, que sería dentro de los 30 días siguientes al pago y firma del contrato con la institución financiera respectiva.
Sin embargo al cambio de financiera, el ayuntamiento hizo una modificación a las condiciones previamente pactadas por lo que finalmente se vio la posibilidad de realizar pagos por anticipado, definiendo el porcentaje de garantía, además de establecer que las luminarias pasarían a ser propiedad del municipio -como ya se dijo- una vez cumplidas las obligaciones de pago.
Sobre el pago anticipado señaló que se decidió hacerlo esta manera debido a que no querían que la deuda se incrementara por las modificaciones que sufrió el IVA a partir del 1 de enero de este año, en tanto que también hizo notar que una última cantidad que se adeuda no se le entregó a la empresa, ya que no cumplió a satisfacción con la instalación de estas luminarias. La empresa subcontrató a otra para la realización de este trabajo y lamentablemente no pudieron cumplir, dijo el ex alcalde
El 9 de enero de 2012 la empresa entregó los programas de suministro e instalación y de conformidad con los reportes de supervisión presentados por la Dirección de Servicios Públicos Municipales, en el mes de febrero empezaron a registrarse avances en la instalación y puesta en funcionamiento de las luminarias y para el 29 febrero de 2012 ya se reflejaba un porcentaje instalado del 3%.
El 21 de mayo de 2012, durante la ejecución de los trabajos, la empresa presentó al municipio un reporte de incidencias de carácter técnico y solicitó una reprogramación en el plazo de la instalación, ante lo cual las autoridades municipales manifestaron no tener inconveniente, ya que previo a esto en un “corte” al 31 de mayo de 2012, se reflejaba un avance de instalación del 47%, en tanto que para el 30 de junio del mismo año ya refería un 50%.
Por esto el 2 de julio de 2012 se formalizó una segunda modificación al contrato y se reprogramó la fecha de término de la instalación de las luminarias para el 30 de noviembre de 2012, por lo que los trabajos continuaron, en tanto que el gobierno municipal verificaba la correcta instalación y funcionamiento de las mismas.
La empresa en otro reporte de instalación -con corte al cierre de noviembre de 2012- generado por la Dirección de Servicios Públicos Municipales, precisaba que el porcentaje de avance en la instalación de las luminarias era de 83% y el 29 de noviembre de ese mismo año entregó de manera formal un escrito mediante el cual notificaba la terminación de las acciones comprometidas y solicitaba la recepción de los trabajos.
Sin embargo la instancia municipal le comunicó mediante oficio SMU/568/2012 del 3 de diciembre de 2012, la improcedencia de su recepción ya que según sus registros y trabajos de supervisión aún no concluía con la instalación del total de luminarias en tanto que el avance del censo presenta un porcentaje de captura del 80%, además de que se tenían identificadas una gran cantidad de luminarias que estaban sin funcionar.
La empresa, a través de comunicados insistían en que los trabajos realizados en las colonias les fueran recibidos, en tanto que las autoridades municipales insistían en los motivos de improcedencia e irregularidades detectadas en estas entregas, derivadas de las revisiones de campo, particularmente en cuanto al número de luminarias instaladas y de aquellas que estaban sin funcionar, por lo que ambas partes acordaron realizar un censo para consolidar la realidad de los resultados obtenidos en el proyecto.
Finalmente y a partir del 18 de junio de 2013 representantes de la empresa y de la Dirección de Servicios Públicos Municipales realizaron recorridos conjuntos en cada una de las zonas en las que se encontraban ubicadas luminarias para realizar una verificación por colonia, de las que estaban instaladas y en funcionamiento, identificando las que presentaban fallas o que no contaban con todos sus elementos, lo cual quedó evidenciado -según se dijo- mediante la firma de los planos que correspondieron a cada colonia y que se dieron por terminados el 30 de agosto de 2013.
El censo arrojó los siguientes datos:
- De la 63,400 luminarias contratadas había un total de 57,509 instaladas, lo que resultaba en una diferencia de 5,891 no instaladas
- 1,636 luminarias fueron instaladas en propiedad privada o en fraccionamientos que no formaban parte del programa
- de las 57,509 luminarias instaladas 39,418 cumplían con las especificaciones técnicas convenidas y 18,091 no cumplían con todas sus características y condiciones establecidas, tales como: falta de folios o de indicadores de capacidad; carcazas distintas a las contratadas así como luminarias que se encontraban apagadas o bien incompletas o dañadas, por lo que estas son aceptadas de manera condicionada hasta en tanto se atendieran las irregularidades respectivas
Como consecuencia de lo anterior el 5 de septiembre de 2013 el apoderado y Director Jurídico Municipal formuló un requerimiento a la empresa industrias Sola Basic S.A. de C.V. que consistió en lo siguiente:
- Reintegrar la diferencia entre las luminarias pagadas y las efectivamente instaladas, incluyendo el costo financiero del mismo
- compensar al ayuntamiento por la reactivaciones realizadas directamente por personal de la dirección de servicios públicos municipales y
- atender las irregularidades identificadas en las luminarias aceptadas de manera condicionada como resultado del censo.
En un comunicado el 13 de septiembre de 2013 la empresa dijo no estar de acuerdo con lo requerido por lo que desacreditó el escrito e incluso más adelante reiteró que el 29 de noviembre de 2012 manifestó haber terminado con los
trabajos de instalación.
Esto llevó al ayuntamiento de Tijuana a proceder judicialmente el 20 de septiembre de 2013 a través de la vía sumaria civil, reclamando las prestaciones consistentes principalmente en el cumplimiento forzoso del contrato, el pago de daños y perjuicios así como de los gastos y costas procesales, demanda que fue turnada al Juez Primero de Lo Civil de Tijuana, radicada bajo el expediente 1086/2013.
No obstante todo esto el ex alcalde consideró que se han tenido resultados exitosos, ya que según la Comisión Federal de Electricidad se redujo en más de un 15% el consumo de kilowatts hora, lo que a su vez representó una disminución del importe facturado y pagado por el servicio no medido de parte del municipio, por aproximadamente 10 millones de pesos, esto es independiente del aumento en la cantidad de luminarias que forman parte del servicio no medido y de que el costo de la tarifa del servicio también se incrementó en más de un 6% para el ejercicio 2013.
Otros beneficios dijo Bustamante, han trascendido a diversos ámbitos por: la reducción de la contaminación lumínica, ya que la instalación de lámparas de mayor eficiencia energética supone una reducción de la pérdida de energía en forma de calor y en el porcentaje de la cantidad de emisiones de carbono, así como en materia de seguridad pública, toda vez que implicó la sustitución de la iluminación de luz ámbar a luz blanca, ampliando su calidad no sólo en zonas estratégicas sino también al interior de los asentamientos beneficiando en general a la ciudadanía, al ofrecer mayores y mejores elementos para la prevención del delito y la recuperación de los espacios públicos.
Sobre las reiteradas fallas de varias de las luminarias que han reportado ciudadanos, el ex presidente municipal dijo que no hay ninguna obra en el mundo que no registre fallas, pero que aquí se tomaron todas las precauciones necesarias y se procedió a establecer una fianza a la empresa para cubrir cualquier daño que pudiera generarse a la ciudad.
Insistió en que en su momento se procedió legalmente en contra de la empresa, como estaba indicado y que este ayuntamiento le está dando el debido seguimiento al asunto.
