TIJUANA BC 12 de febrero de 2014 (AFN).- El “Borrón y Cuenta Nueva” que el gobernador del estado Francisco Vega de Lamadrid puso en marcha a favor de los deudores de agua, no fue una “graciosa concesión” ni un acto de caridad pública, ya que lo hizo obligado por la ley debido a que se trató de una promesa de campaña afirmó la presidente estatal del PRI, Nancy Sánchez Arredondo.

En sus tradicionales “Reflexiones”, la dirigente del Partido Revolucionario Institucional, recordó que en la pasada legislatura, se tomó un acuerdo, en el que participó, para que todo aquello que ofrecieran los candidatos en campaña, quedará convertido en un compromiso que tendría que cumplirse por ley.

La dirigente tricolor refirió que lo anunciado por Vega, aparentemente se trata de un programa social que busca apoyar económicamente a aproximadamente 221,000 usuarios que se encuentran registrados entre los deudores hasta 2013, los cuales deben alrededor de 2,400 millones de pesos que según se dijo serán cancelados.

La diputada local advirtió que si el gobernante no hubiera cumplido esto que ofreció durante su campaña: “quedaría evidenciado como faltante en su ejercicio de gobierno”.

Por otra parte Sánchez Arredondo aseguró que al referido programa le falta transparencia, ya que no ha quedado claro quiénes serán los beneficiados con ese “borrón y cuenta nueva”.

Preguntó además que cuáles de las 221,000 cuentas que serán impactadas con este beneficio corresponden a familias en las que verdaderamente se justifica la condonación, o si se encuentran beneficiarios que tienen la posibilidad de pagar y se les condona por simpatías políticas o pago a favores. De ser éste el caso, advirtió estarían afectándose las finanzas estatales.
 
Agregó que esperan que entre los 755,000 bajacalifornianos beneficiados con esas 221,000 cuentas condonadas, se encuentren incluidas las 99 mil personas que viven en pobreza extrema en Baja California o que la mayoría formen parte del millón de personas consideradas en pobreza.
 
Todo eso dijo, deja en evidencia la plena incongruencia con la que se ha visto transcurrir estos primeros meses del gobierno estatal, que por un lado afirmó que afecta en evidente actitud recaudatoria la economía de los ciudadanos cobrándoles los trámites de verificación vehicular, sin importar si pasan o no el trámite, y por otro, en un programa que calificó de electorero se premia a "malapagas", sin reconocer el mérito de quienes sí cubren puntualmente su adeudo de agua.
 
Por otra parte hizo saber que mientras dejan de ingresar a las arcas estatales esos 2,400 millones de pesos, por el otro se solicita un incremento a la deuda pública estatal por cerca de 3 mil millones de pesos.
 
La dirigente también abundó en por qué se decidió en el Congreso obligar a los candidatos a que cumplieran con sus promesas de campaña ya que dijo que antes no tenían candado alguno y hoy la Ley contempla compromisos y obligaciones al respecto.