MÉXICO DF  27 DE SEPTIEMBRE DE 2013  (lasillarota.com).- José Manuel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), afirmó que como está regulado actualmente el fuero militar necesita “ajustes serios”, pues presenta fallas relevantes como falta de independencia e imparcialidad;  además, de que se ha convertido en un mecanismo que garantiza la impunidad frente a las violaciones de los derechos humanos.

 

Al participar en las audiencias públicas en materia de justicia militar, organizadas por la Comisión de Justicia del Senado, declaró que lamentablemente la visión garantista de las reformas en materia de derechos humanos, no se reflejan en un fuero que se ha quedado atrás y merece ajustes importantes, para garantizar el debido proceso de las personas sujetas a investigaciones por medio de esta figura.

 

Aseveró que la carencia de independencia e imparcialidad de esta disposición, se debe a que el secretario de la Defensa Nacional cumple el rol de Ejecutivo y, al mismo tiempo, es la cabeza del Poder Judicial Militar.

 

Propuso separar las tareas administrativas del mando, de las tareas propias de jurisdicción militar.

 

Dijo que el sistema de justicia militar está caracterizado por la opacidad y falta de transparencia casi total, “el secreto en el manejo de la justicia militar es la regla y no hay márgenes para el debido escrutinio público”, y ha sido un mecanismo que ha garantizado la impunidad frente a las violaciones de los derechos humanos.

 

Refirió que de acuerdo con datos del Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai), existen cinco mil 600 causas ante el fuero militar por violaciones, aparentemente, de derechos humanos, de las cuales sólo hay cuatro casos con condenas.

 

 

 

Inicia en Senado debate sobre fuero militar

MÉXICO DF  27 DE SEPTIEMBRE DE 2013  (lasillarota.com).- La Comisión de Justicia del Senado, inició la noche de este martes las audiencias públicas para analizar la reforma de justicia y fuero militar.

 

El presidente de este grupo de trabajo, el panista Roberto Gil Zuarth, declaró que el proyecto  que trabaja el Senado no va en contra de las Fuerzas Armadas, sino que tiene el propósito de fortalecer su institucionalidad y su actuación en el marco de los derechos humanos.

 

Dijo que por primera vez, representantes de las instituciones militares asistirán, en próximas sesiones, al Congreso de la Unión para exponer sus puntos de vista sobre el contenido de las ocho iniciativas que se presentaron al respecto y de un proyecto de dictamen que cuenta con el consenso previo de los grupos parlamentarios.

 

José Medina González Dávila, de la Universidad Iberoamericana, expresó que el proyecto considera la realidad jurídica internacional y los tratados que ha suscrito nuestro país, pero no reconoce la cultura y las tradiciones específicas del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México, en las cuales se promueve la cohesión institucional.

 

En este sentido, señaló que las reformas que se plantean “vulneran la identidad y la cultura militar mexicana al retirar, en un solo momento, el principio de certidumbre que tienen todos los elementos de las Fuerzas Armadas, de que sus acciones van a ser juzgadas de acuerdo con su contexto”.

 

Advirtió que si la identidad, la estructura medular de estas instituciones, su disciplina y la certidumbre en sus mandos se ven disminuidas, podría comprometerse su desempeño y habría una afectación directa a la seguridad nacional.

 

Por su parte, José Alfonso Suárez del Real, asesor en seguridad nacional, señaló que la intención de rescatar los límites constitucionales del fuero militar --que planteó la Suprema Corte de Justicia de la Nación-- se inserta en un proceso integral de la doctrina militar, la cultura de paz y el respeto a los derechos humanos, tanto de los civiles como de los militares.

 

Bajo esta realidad constitucional, agregó, la reforma al Código de Justicia Militar necesariamente se aleja de la visión coercitiva con la que se pretende abordar para cumplir con las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

 

Precisó que si bien es cierto que dichas sentencias son compromisos aceptados por el Estado mexicano, también lo es que tienen el propósito de generar mecanismos de prevención y control a favor de los derechos humanos y no, como se dijo, “como una intrínseca sanción en contra de nuestras Fuerzas Armadas”.

 

A su vez, el magistrado Ricardo Sodi Cuéllar expuso que se requiere aprobar un Código de Justicia Militar que vaya a la esencia de los delitos militares: insubordinación, deserción, abuso de autoridad y sus variantes.

 

Además, consideró necesario proporcionar a los militares una administración pública estructurada, con principios, con reglas que deben de partir de un esquema en el que se distingan los derechos disciplinario y penales.

 

El también director de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, destacó que los proyectos son reformas cosméticas, por ejemplo, no establecen mínimos ni máximos en las penas sino una pena única y consideró que se debe precisar en la Constitución la limitación de derechos fundamentales de los militares.

 

En tanto, el doctor Javier Oliva Posada cuestionó por qué se quiere modificar  el Código de Justicia Militar si con este, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México se han  ganado el reconocimiento nacional e internacional por su apego al Estado de Derecho y ha fomentado la disciplina en sus integrantes.

 

La respuesta, dijo, se observa en el resultado del cabildeo y presión ejercida por organismos multilaterales de derechos humanos que sin una visión equilibrada e informada sostienen, sin fundamento, que existe una propensión natural y tolerada a la violación de derechos humanos por parte del personal militar.

 

Al mismo tiempo, llamó la atención sobre los artículos transitorios de las reformas, pues se manifiesta la aplicación retroactiva de las mismas, “trastocando uno de los preceptos fundamentales de la lógica jurídica y de la jurisprudencia en general”.

 

La senadora por el PRI, Arely Gómez González, integrante de la Comisión de Justicia, aseguró que el objetivo de las reformas es reconocer al Ejercito Mexicano y a la Marina a través de la modernización de la justicia militar.

 

Verónica Martínez Espinoza, también senadora priísta, indicó que cuando las Fuerzas Armadas fueron enviadas a la calle a perseguir delitos del orden común y federal, sin haberlos capacitado para ello, fue cuando se cometió el primer gran error.

 

Roberto Gil Zuarth insistió que las iniciativas no tienen el objetivo de debilitar la identidad nacional en la que se cifra buena parte de las características sociales del Ejército, ni en el propósito de degradar a las Fuerzas Armadas, sino dar plena vigencia a un conjunto de derechos.

 

El senador perredista Benjamín Roble Montoya negó que la reforma que se propone al fuero militar pueda “cimbrar” la estructura de las Fuerzas Armadas, poner en riesgo la seguridad nacional o vulnerar la costumbres y tradiciones de los militares mexicanos”.