MEXICALI BC 4 DE JUNIO DE 2026 (AFN).- La diputada local Yohana Hinojosa Gilvaja, aseguró que mientras las autoridades intentan establecer una narrativa de éxito en la estrategia de seguridad, la ciudadanía vive con miedo al seguir siendo víctimas de robos, violencia y hechos de alto impacto.
Además, cuestionó el trabajo de la fiscal estatal María Elena Andrade Ramírez en la investigación de las “narcomantas” que han sido colocadas en fechas recientes, principalmente en Tijuana, en las que se señala la presunta participación de elementos policiacos y funcionarios de alto nivel, en la protección de grupos criminales, y que son desestimadas por la funcionaria sin ofrecer mayor explicación.
“La seguridad pública en Baja California atraviesa por una crisis que no se puede ocultar detrás de estadísticas optimistas, conferencias de prensa o discursos que pretenden convencernos de una realidad que los ciudadanos no viven”, dijo.
Refirió que según datos del Observatorio Social de Baja California, al menos una de cada cuatro personas en la entidad han referido haber sido víctima de violencia o de estar involucrada en un hecho delictivo, lo que significa que miles de familias han sufrido las consecuencias de una estrategia de seguridad que no está dando resultados.
Al intervenir en la sesión del Pleno este jueves, la legisladora por el Partido del Trabajo (PT) aseguró que en Baja California se vive un alto nivel de impunidad, ya que muchos de los delitos que se cometen a diario no son denunciados debido a que la ciudadanía está convencida que no habrá investigación, detenidos ni justicia.
En ese sentido destacó lo ocurrido la madrugada del pasado 15 de mayo, cuando fue incendiado un vehículo oficial a unos metros de Palacio Municipal de Tijuana, en donde además fue dejada una “narcomanta” en la que se hizo mención del entonces secretario del ayuntamiento, Arnulfo Guerrero.
Además, mostró una imagen con una de las más recientes “narcomantas” que fueron encontradas en Tijuana, en donde se menciona a elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), acusando un presunto robo de droga y señalando la protección a criminales.
“Los elementos policiales son públicamente señalados por presuntos vínculos de protección a grupos criminales; la ciudadanía espera una explicación a estos temas pero se observa silencio, y cuando las autoridades callan crece la desconfianza ciudadana”, expuso.
Ante ello, propuso un punto de acuerdo, el cual fue aprobado por mayoría, para pedir al secretario de Gobierno del Estado, Juan José Pon Méndez, y al alcalde de Tijuana, elevar el nivel de seguridad para evitar ese tipo de acciones de los grupos criminales, además de exigir a la fiscalía estatal un informe sobre las investigaciones de estos casos.
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