TIJUANA BC 11 DE MAYO DE 2026 (AFN).- Madres integrantes del colectivo Cesodi (César, Sofía y Diego) se manifestaron la mañana de este lunes a las afueras de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Tijuana, en el marco de la primera conmemoración oficial del Día Estatal contra la Violencia Vicaria en Baja California.
Durante la protesta, las participantes señalaron que esta fecha "no es una celebración", sino un recordatorio de la lucha de madres que han sido separadas de sus hijos por procesos judiciales, violencia institucional y presuntos actos de violencia vicaria.
Explicaron que este reconocimiento oficial busca visibilizar una problemática que, aseguraron, durante años fue minimizada por las autoridades.
Las manifestantes afirmaron que la violencia vicaria "no es un conflicto de pareja", sino una forma de violencia de género en la que los hijos son utilizados para dañar emocionalmente a la madre. Además, denunciaron que muchas mujeres enfrentan procesos prolongados en juzgados, fiscalías y dependencias de protección familiar, donde aseguran ser revictimizadas constantemente.
Integrantes del colectivo también informaron que intentaron entregar un oficio en las instalaciones de la FGE para solicitar la reanudación de mesas de trabajo e instancias interinstitucionales relacionadas con casos de violencia vicaria; sin embargo, señalaron que el documento no fue recibido.
Durante la manifestación, varias madres compartieron testimonios sobre los procesos legales y familiares que enfrentan.
Ana Karen Chávez Joya relató que mantiene una disputa por la guardia y custodia de sus dos hijas y denunció que, tras negarse a firmar un convenio relacionado con manutención, el padre de las menores presuntamente inició acciones legales en su contra.
Según su testimonio, el 11 de abril recibió una medida de protección por violencia familiar emitida a favor de sus hijas, lo que le impide acercarse o comunicarse con ellas durante 60 días. Afirmó que posteriormente presentó una denuncia por violencia vicaria y acusó irregularidades durante el proceso.
También señaló directamente a Carlos Cervantes, padre de las menores, así como a Marta Irene Cervantes Jaques, abuela paterna, de presuntamente participar en las acciones en su contra.
Además, mencionó que cuando buscó apoyo legal con un primer abogado, este presuntamente le comentó que en la FGE le habrían recomendado "no meterse" en el caso, debido a que el padre de sus hijas tendría parentesco con el ex alcalde de Playas de Rosarito, José Antonio Macías Garay.
Otra de las participantes relató que desde el 31 de marzo de 2016 no ha podido ver a su hija, a quien asegura haber buscado durante casi diez años por distintos estados del país. Indicó que localizó a la menor en Guanajuato en 2022; sin embargo, afirmó que volvió a perder contacto tras no concretarse una intervención de autoridades locales.
La mujer denunció además que presuntamente la menor habría sido registrada y escolarizada con un nombre y documentos falsos, por lo que actualmente existe una Alerta Amber activa tanto con su identidad original como con la identidad utilizada posteriormente.
Las madres participantes exigieron a las autoridades procesos con perspectiva de género, infancia y derechos humanos, así como mayor capacitación institucional para atender casos de violencia vicaria y evitar la revictimización de mujeres y menores involucrados en este tipo de denuncias.
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