TIJUANA BC 12 DE ABRIL DE 2026 (AFN).- Por medio de una denuncia anónima realizada por una persona que ha estado cercana al caso según, se observa, se solicitó a la fiscalía estatal ampliar la investigación en el caso del llamado cártel inmobiliario, del cual dieron a conocer en días recientes y en el que hay personas detenidas y señaladas como presuntas responsables de esos hechos. 

De acuerdo con la denuncia, que fue enviada con copia incluso a la Fiscalía General de la República (FGR), Christian Pablo López Ortiz, detenido en fechas recientes en Tijuana por parte de la fiscalía estatal, habría cometido el delito de lavado de dinero, además de fraude procesal para adjudicarse varias viviendas.

En dicho esquema se involucró además a Jael Ortega Pérez, esposa de López Ortiz, así como a la esposa de éste, de nombre Felicia, su cuñado Carlos Ernesto Rodríguez García, y a Eduardo Alejandro Delgado Peralta, hermano de una funcionaria federal cercana al secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Según la denuncia, se advierte un esquema sistemático para evadir controles notariales y fiscales al adjudicarse inmuebles, lo que podría constituir el delito de fraude procesal, lo cual ya es investigado por la fiscalía estatal que, incluso, aseguró una serie de inmuebles presuntamente relacionados con estos hechos.

Además, se expuso que los mencionados, especialmente Delgado Peralta, cuenta con una extensa lista de juicios de prescripción positiva, desde el 2019 hasta por lo menos el 2024, todos llevados en el Juzgado Quinto Civil con sede en Tijuana.

Se estableció que el modus operandi de los mencionados, fue que luego de apoderarse de varias propiedades, éstas eran puestas en venta con operaciones en efectivo y en dólares, para lo cual pedían a los adquirientes iniciar por su cuenta los procedimientos judiciales de prescripción de los inmuebles, para evadir la intervención notarial y la declaración y pago de los respectivos impuestos derivados de la transmisión de propiedad.

Asimismo, se destacó la posible participación de una autoridad judicial, en este caso el Juzgado Quinto Civil, donde, presuntamente, no se habría hecho una revisión correcta de la documentación presentada en los juicios de prescripción de inmuebles, lo que pudo facilitar que se consumaran las acciones ilegales.

De igual forma, en la denuncia se advierte de la existencia de al menos dos inmuebles, los cuales estarían relacionados con la investigación de la fiscalía, y que aún no han sido cateados por la propia autoridad.

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