ENSENADA BC 9 DE ABRIL DE 2026 (AFN).- Fernando Maldonado Lamadrid confirmó que atraviesa una etapa de duelo tras su salida como Fiscal Regional de San Quintín, en medio de versiones sobre un posible trasfondo político en su remoción, posibilidad que él mismo rechazó.
“Ahorita estoy en una etapa de duelo. Necesito estar con mi familia un poco”, expresó, al referirse al momento personal que vive luego de dejar el cargo.
En medio de los señalamientos y especulaciones, el exfuncionario sostuvo que su labor siempre estuvo enfocada en la seguridad y la procuración de justicia, no en intereses políticos.
“Nosotros no somos políticos. Somos funcionarios de seguridad”, declaró.
En entrevista con AFN, recordó que llegó a San Quintín hace cuatro años en un contexto complicado, derivado de una manifestación social, y aseguró que desde entonces su trabajo se centró en reconstruir la relación entre la Fiscalía y la ciudadanía.
Afirmó que durante su gestión se logró reducir en un 30 por ciento los robos, disminuir homicidios, judicializar casos de fraude patrimonial y fortalecer el acercamiento con comunidades indígenas y sectores con mayores dificultades para acceder a la justicia.
También defendió el modelo de trabajo que impulsó al frente de la Fiscalía Regional, al señalar que el funcionario no debe permanecer alejado de la gente, sino trabajar en territorio y mantener cercanía con la comunidad.
Maldonado Lamadrid agradeció el respaldo recibido en las últimas horas, luego de que se registraron manifestaciones y mensajes de apoyo tras conocerse su salida.
Dijo que esas expresiones ciudadanas lo sorprendieron y reforzaron su convicción de permanecer en San Quintín, aún fuera del cargo.
“Yo me quedo en San Quintín”
Sobre las versiones que apuntan a un posible interés político de su parte, evitó profundizar, aunque dejó abierta la posibilidad de que el futuro tome otro rumbo.
“Las situaciones cambian, los días cambian. Cada día es diferente”, comentó.
Mientras tanto, pidió a la población mantener la confianza en la Fiscalía y en las nuevas autoridades, al considerar que la seguridad y la persecución penal dependen de la coordinación institucional, no de una sola persona.
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