TIJUANA BC 31 DE MARZO DE 2026 (AFN).- El Poder Judicial (PJE) en Baja California está exigiendo a los abogados en la entidad que cuenten con maestría o especialidad en caso de que participen en juicios relacionados con menores, lo cual ha provocado fuerte descontento en el gremio de profesionistas, por tratarse de una medida que se determinó en forma unilateral y que rebasa sus facultades.
Abogados, particularmente de Tijuana, están manifestando su descontento por esa decisión y grupos como el colegio de abogados de Tijuana, encabezado por Daniel Avitia Beltrán, están llamando de manera urgente a todos los profesionales del derecho a una reunión para este miércoles, en la que además pretenden fijar una postura "clara y contundente" ante los medios de comunicación, en torno a este acuerdo que exige posgrado para poder litigar en materia familiar.
Integrantes de ese colegio señalaron que no permitirán que se ponga en riesgo el ejercicio libre y legítimo de su profesión.
Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados Emilio Rabasa, Francisco Castro Trenti, que fue el que desde el lunes 30 de los corrientes dio la voz de alerta en este sentido, criticó la "cerrazón" de las autoridades del PJE y afirmó que no fueron consultados sobre la nueva medida.
Dijo que esto es “irregular” y “desproporcionado”, ya que consideró que está fuera del marco legal y contraviene el artículo 5° de la Constitución, que garantiza la libertad del ejercicio profesional.
“Para ello habría que darse una reforma a nivel federal o inclusive hacerse una adecuación de otra naturaleza”, indicó Castro Trenti; aunque reconoció la importancia de que los defensores se preparen de mejor manera para ofrecer un servicio de calidad.
Cuestionó que esa disposición debería aplicarse a todos los que participan en litigios relacionados con menores de edad, y no solamente a los particulares.
“Cuando menos debería hacerse lo mismo con el personal del Poder Judicial y de la propia Fiscalía (General del Estado) de justicia que estén involucrados en estos temas”, planteó el presidente del colegio de abogados.
Recalcó que la medida fue tomada de manera “unilateral”, pues afirmó que el colegio que representa no fue consultado al respecto, ni se ofreció algún foro de participación con el gremio.
Sostuvo que existe cerrazón en el Poder Judicial de Baja California, particularmente en su presidente, Isaac Fragoso López, a quien —dijo— le corresponde mantener acercamientos con los abogados para abordar temas centrales y generar propuestas.
Estimó que, de mantenerse la exigencia de ese nivel académico para los abogados, el impacto sería negativo, ya que podría retrasar la impartición de justicia al abrir la puerta a juicios de amparo que ralentizarían los procedimientos en curso.
Por otro lado, enfatizó que también se deberían aplicar pruebas de control y confianza a los trabajadores del Poder Judicial, como se exige a los empleados de instituciones como la Fiscalía General del Estado (FGE).
Agregó que es una medida que “por comodidad” nunca se ha implementado, pero que ayudaría a demostrar la honestidad de los funcionarios y transparentar su información.
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