* Muestran el "modus operandi" de estos grupos delictivos.

TIJUANA 27 DE MARZO DE 2026 (AFN).- En Tijuana, los llamados “cárteles inmobiliarios” han operado al menos durante los últimos ocho años, en colusión con jueces y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), denunció el abogado Jorge Fuentes Valdez, quien además aseguró que en la ciudad existen al menos tres agrupaciones de este tipo.

Fuentes Valdez, director de una firma de profesionales del derecho, explicó que estos grupos, liderados principalmente por abogados, cuentan con una estructura y modos de operar para despojar a los ciudadanos de sus propiedades.

Sobre el "modus operandi" de estos grupos delictivos, aseguró que siguen patrones similares al de todas las organizaciones delictivas: En ocasiones acuden a las viviendas acompañados de falsos notarios y de agentes de la policía municipal, quienes arbitrariamente se prestan para infundir miedo a los habitantes, aunque no intervienen en el desalojo.

El entrevistado explicó que, durante esas intervenciones, los delincuentes presentan documentación falsa y sentencias expedidas en tiempo récord, algunas veces menores a un mes, cuando dichas resoluciones son imposibles de conseguir tan rápido.

Entre la documentación apócrifa que utilizan para apoderarse de las viviendas, indicó que presentan actas de sesión de derechos o escrituras públicas de notarios generalmente foráneos.

“Realmente la gente cuando se ve en esa situación, que dicho sea de paso fue a espaldas del legítimo propietario, pues ahora sí llegan con un actuario, con personas para llevar a cabo un lanzamiento pero con un juicio totalmente a modo, totalmente ilegal”, detalló.

Agregó que estos "cárteles" también realizan sus propias tareas de inteligencia, primero verifican si una propiedad se encuentra desocupada, de ser así, consultan en Tesorería Municipal si tienen adeudo de predial.

Posteriormente consultan en el Registro Público la información del propietario, y en caso de que se trate de una persona de la tercera edad “las dan por fallecidas” o bien, se falsifican poderes o contratos de compra y venta.

Durante ese proceso es cuando intervienen los jueces que “se prestan” para que se puedan llevar a cabo dichas irregularidades, muchas veces fundamentando su colaboración bajo el principio de buena fe, el cual establece que las partes no deben aprovecharse de errores, vacíos legales o situaciones para perjudicar a otros.

Fuentes Valdez añadió que el despojo de viviendas no es exclusivo de una zona de la ciudad, pues han tenido casos en zona Río, en Playas de Tijuana, en el fraccionamiento Campestre del Murua, e incluso en los límites con Playas de Rosarito.

“Como pueden estar en zona Río, en “La Cacho”, en Chapultepec, se van a colonias, a fraccionamientos, ya apartados”, refirió.

Aseguró que el gremio de abogados ya tenía identificado a Christian Pablo “N”, quien fue detenido ayer por agentes de la FGE, como el presunto el líder de un cártel inmobiliario en Tijuana.

Señaló que el detenido tenía más de 10 años operando de esa manera en la ciudad, por lo que cuestionó que las autoridades le hayan permitido delinquir por tanto tiempo, llegando a invadir el fraccionamiento Laderas de Tijuana.

Refirió que tiene conocimiento de al menos tres cárteles inmobiliarios en el municipio, los cuales operan bajo esquemas similares a los documentados en la Ciudad de México y el Estado de México.

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