MEXICALI BC 11 DE MARZO DE 2026 (AFN).- Una empresaria tijuanense con más de cuatro décadas en el negocio de atracciones mecánicas, presentó una solicitud formal de juicio político ante el Congreso local, en contra de funcionarios del ayuntamiento de Tijuana, entre ellos el alcalde Ismael Burgueño Ruiz.
Esperanza Ortiz Banda, de 50 años y heredera de la empresa Atracciones Tijuana, acusó al presidente municipal, a la síndica procuradora y al director del Sistema Municipal de Parques Temáticos (SIMPATT) de omisiones administrativas graves, abuso de funciones y posibles delitos como robo de uso y abuso por retención, lo que le ha causado un daño económico estimado en 4 millones de pesos, según expuso en su demanda.
El conflicto se remonta al 13 de junio de 2025, cuando el director del Parque Morelos le informó verbalmente a Ortiz Banda que no podía continuar operando sus juegos mecánicos por falta de requisitos. Al solicitar permiso para retirar sus equipos con camiones, se le negó el acceso, argumentando instrucciones directas de la síndica municipal, según narró.
Desde entonces, la empresaria ha intentado resolver el asunto mediante más de 20 escritos formales presentados en la Sindicatura, encabezada por Teresita Balderas, sin recibir respuesta alguna en nueve meses.
Refirió que esta inacción ha impedido que retire sus atracciones, paralizando su negocio y afectando su sustento, especialmente considerando sus padecimientos de salud como insuficiencia renal y afecciones cardíacas.
La solicitud, fundamentada en artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución de Baja California y leyes locales de responsabilidades administrativas, destaca una cronología de gestiones infructuosas desde junio de 2025 hasta marzo de 2026.
Ortiz Banda detalló que presentó peticiones para revisar la legalidad de contratos en el parque, verificar autorizaciones y solicitar intervenciones institucionales, pero no obtuvo resoluciones fundadas ni motivadas. En su documento, enfatizó que esta omisión viola principios como la legalidad, el derecho de petición y la rendición de cuentas, además de ignorar una perspectiva de género dada su vulnerabilidad como mujer empresaria.
Ortiz Banda argumentó que el caso trasciende lo personal y afecta el interés público, al cuestionar la administración de espacios municipales como el Parque Morelos y la transparencia en la gestión de bienes públicos.
Adjuntó pruebas como copias de escritos, documentos patrimoniales y una cronología detallada, solicitando que el Congreso admita el expediente, lo turne a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, y determine si procede la investigación.
“El daño económico a mi patrimonio al no darme respuesta alguna” es una de las frases clave en su exposición, subrayando el impacto en su vida y negocio familiar.
Hasta el momento, no se ha reportado respuesta oficial de los funcionarios señalados.
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