MEXICALI BC 23 DE FEBRERO DE 2026 (AFN).- Bajo la gestión de la alcaldesa Miriam Cano, San Quintín "enfrenta una crisis de gobernabilidad sin precedentes", con una administración paralizada, escándalos de corrupción denunciados públicamente y la toma de las instalaciones municipales por parte de la ciudadanía que exige la salida de la autoridad local, expresó el diputado local Diego Echevarría Ibarra.
“Lo que debía ser un gobierno legítimo emanado de las urnas terminó convertido en un sistema marcado por incapacidad técnica y falta de oficio político”, agregó el legislador, del Partido Acción Nacional (PAN).
Durante décadas, dijo, las familias del Sur de Baja California libraron una batalla histórica para lograr la municipalización de San Quintín, sin embargo, lo que debió ser el nacimiento de una institución al servicio del pueblo se ha visto empañado por irregularidades administrativas, opacidad y denuncias de corrupción.
Echevarría Ibarra presentó un exhorto en sesión plenaria, pidiendo a la Auditoría Superior del Estado un informe ejecutivo sobre las irregularidades detectadas y el estado procesal de las responsabilidades administrativas y denuncias derivadas.
Asimismo, se pide la fiscalización prioritaria de las cuentas públicas de 2024 y 2025, y a la Sindicatura Municipal un reporte detallado sobre las quejas y procedimientos relacionados con presuntos actos de corrupción y abuso de autoridad.
El Poder Legislativo ha rechazado las cuentas públicas de los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023, correspondientes al Concejo Municipal Fundacional, marcados por un desaseo administrativo que los propios concejales intentaron justificar bajo el argumento de la inexperiencia del nuevo municipio, apuntó el diputado.
Echevarría Ibarra insistió que San Quintín no luchó por su autonomía para cambiar el abandono de la distancia por el desprecio de la cercanía; y que “la ciudadanía merece instituciones que respondan con transparencia, eficiencia y respeto a la ley”.
Por las consideraciones anteriores, la proposición fue respalda por consenso de las diputaciones integrantes de la 25 Legislatura, expuso, lo que refrenda "el compromiso con la rendición de cuentas" y el derecho de los sanquintinenses a un gobierno transparente.
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